Cita en el juzgado. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido citada hoy, a las diez y media de la mañana, para declarar como investigada por una retahíla de delitos por supuestamente haber concedido subvenciones directas a entidades sociales por sus "estrechos lazos personales y profesionales", según afirma la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática en su querella. Asegura que en los ejercicios de 2019 y 2020, el consistorio "ha otorgado subvenciones por un importe aproximado de 80 millones de euros de forma arbitraria y discrecional, sin concurrencia pública." No obstante, la entidad no desglosa estos 80 millones en la querella. Desde la defensa de Colau, ejercida por los penalistas Olga Tubau y Àlex Solà, se indica que ya se han presentado ocho informes técnicos al juzgado para desmontar las acusaciones que recoge la querella, que tildan "de instrumental", y que esperan que pronto se archive. También recuerdan que la alcaldesa "no ha firmado ninguno de los expedientes".
El 16 de febrero pasado, el titular del juzgado de instrucción 21 de Barcelona, el magistrado Ignacio Sánchez, resolvió que mantenía la admisión a trámite de la querella contra la alcaldesa Colau por la adjudicación de subvenciones bajo sospecha al ver "indicios delictivos; nada más". Aclaraba que no se puede presentar recurso contra una resolución de admisión a trámite, y que una vez hecha la instrucción decidiría si archivarla o no. Desde el Ayuntamiento se aclaró que la alcaldesa no había pedido que se suspendiera su declaración, sino la admisión a trámite de la denuncia. Colau ha afirmado en varias ocasiones que quiere declarar y, por lo tanto, se espera que acceda por la puerta principal de la Ciutat de la Justícia de Barcelona para declarar como investigada. Una vez acabe la declaración ante el juez se desconoce si hará declaraciones al salir del juzgado o en la casa consistorial.
Seis entidades
La querella, de 69 páginas, presentada por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática acusa a la alcaldesa de los delitos de fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, de negociaciones prohibidas y tráfico de influencias. Y cita las entidades, "vinculadas al entramado ideológico de Colau": el Observatorio DESC (donde Colau trabajaba antes de obtener la alcaldía. En la querella se precisa que cinco miembros de su equipo municipal también lo fueron); Enginyers Sense Fronteres (ESF), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH, de la cual la alcaldesa fue una de las fundadoras en el 2009 y portavoz hasta el 2014) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). También cita Ladefe i Ecologistes en Acción. Detalla que el dinero a estas entidades afines se daba a través de convenios, subvenciones de forma directa o a través de contratos menores. "El denominador común -según el querellante- era la supuesta defensa de derechos y la remunicipalización de servicios". Y expone que, además, recibían ayudas desde el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que preside Colau.
Con respecto a las subvenciones, la asociación asegura que se renovó un convenio anterior para el periodo 2020-2022 por un valor de 324.600 euros, y se añade que el interventor municipal insistió en que se tratara como un contrato nominal y no como una subvención global. Precisa que este convenio conjunto con DESC, ESF, PAH y APE también se realizó el año 2019 por 162.300 euros, sin concurso al asegurar que era de "interés público". En el escrito, se admite que el convenio original estaba el Observatorio DESC y la PAH y se firmó en el mandato 2011-2015, cuando gobernaba el entonces alcalde de Convergència Xavier Trias. Colau, al ser escogida alcaldesa en el 2015, renovó este convenio. El querellante insiste en que estas entidades también reciben otras subvenciones públicas de organismos supramunicipales.
Ayudas concretas
Además, enumera subvenciones bajo sospecha, como la subvención relativa hacia Campaña de Agua. Remunicipalización, consulta y derechos del agua. Por un valor de 85.670 euros, desglosado en aportaciones de Barcelona (28.906 euros), AMB (12.500 euros), y el resto los ayuntamientos de Sant Cugat, de Santa Coloma, MAEC y ACCD. También precisa que Ingenieros sin Fronteras (ESF) ha tenido tres subvenciones en el 2020. Por ejemplo, Desarrollo sostenible a través de compostaje y agroecología feminista con presupuesto de 134.000 euros, recibió una subvención de 80.000 euros. Ahora bien, el global de las subvenciones recogidas en la querella no suman los 80 millones denunciados.