El magistrado instructor quiere aclarar algunas cuestiones. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está citada a declarar en calidad de investigada por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de dinero público, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. Lo hará el próximo 4 de marzo a las 10.30 horas ante el magistrado del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona, según consta en el auto de admisión de querella consultada por el diario ABC después de que una asociación denunciara a Colau por considerar que había cometido todos los delitos mencionados a la hora de conceder subvenciones y convenios de financiación a entidades afines a los comuns.
Concretamente, la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática ha considerado que la alcaldesa firmó de manera arbitraria, discrecional y recurrentemente, sin concurrencia pública y sin justificar el interés público, una serie de ayudas y acuerdos económicos con el único objetivo de financiar los puestos de trabajo, las actividades y el funcionamiento de varias entidades afines a Barcelona en Comú. Entonces, el magistrado instructor quiere aclarar esta sospecha mediante la admisión de la querella y citando como investigada a Colau.
Sin competencias
En la querella se señalan organizaciones como el Observatorio DESC (donde Colau trabajaba antes de alcanzar la alcaldía), Ingenieros Sin Fronteras, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (de la cual la alcaldesa fue portavoz) o la Alianza contra la Pobreza Energética. Así, de acuerdo con la acusación, el sistema de financiación presuntamente irregular consistía en la aprobación de convenios, contratos menores y subvenciones directas a las entidades mencionadas para redactar estudios e informes que nada tenían que ver con las competencias del ayuntamiento. El ABC menciona algunos de estos asuntos, como cuestiones sociales en el Perú o Mozambique.
La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática señala que Colau habría cometido un delito de prevaricación por haber firmado resoluciones sobre las cuales el consistorio no tenía competencias. Asimismo, apunta que se podría haber cometido un delito de malversación de dinero público por haber gastado sin que haya quedado justificada la finalidad. También indican que podría haber un delito de fraude de contratación si se demuestra la relación personal y profesional entre la autoridad pública y la entidad subvencionada. Finalmente, la acusación menciona la posibilidad de que haya un delito de tráfico de influencias si se ha limitado la libre concurrencia competitiva a la hora de otorgar las ayudas públicas.