Ciudadanos quiere que el Parlament "rechace y condene" las palabras del president Quim Torra a los CDR. Así consta en una de las propuestas de resolución que han registrado en el marco del pleno sobre la "convivencia" celebrado este miércoles. En el texo, el partido unionista alerta sobre "el incremento de episodios violentos protagonizados por los comandos separatistas, autodenominados CDR."
Concretamente, desde Ciudadanos consideran que "lejos de encabezar un Govern para todos, alienta a los CDR a coordinarse con el Govern de la Generalitat y a programar un recrudecimiento de sus actividades con la futura sentencia".
La propuesta de resolución, que empieza constatando que existe una "fractura social entre catalanes", también "rechaza y condena las numerosas declaraciones" de Torra "con ideas supremacistas, racistas y xenófobas".
En otra resolución, el partido unionista insta al Govern a "respetar" las resoluciones judiciales, la Constitución y el Estatut, reconocer el "papel esencial" del Tribunal Constitucional, y defiende que jueces y fiscales "tienen que poder actuar sin sufrir señalamientos, acosos y hostigamientos". Esta misma resolución "rechaza" la utilización de logotipos de la Generalitat y el Govern "por parte de personas que no forman parte de sus instituciones o por parte de organismos fake que intentan actuar de manera paralela y suplantar las legítimas instituciones oficiales".
Reprobación de Núria de Gispert
En la misma línea que el PP, una resolución de Ciudadanos pide la reprobación de la expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, "por sus reiterados y públicos comentarios vejatorios y excluyentes contra determinados diputados del Parlament", en referencia a las palabras contra Inés Arrimadas diciéndole que se marche a Cádiz. El mismo texto "condena la reprobable práctica de declarar personas non grata por sus ideas a quien piensa diferente".
La formación de Inés Arrimadas también pone el foco en la simbología en el espacio público, instando al Govern de Torra a garantizar la neutralidad de los espacios y edificios públicos. En total han presentado diez propuestas de resolución, como una que pide garantizar la vehicularidad del castellano y el inglés u otra que reclama "seguridad y estabilidad para que Catalunya recupere las oportunidades económicas perdidas con el procés".