El presidente del grupo municipal de Convergència i Unió (CiU) en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, la concejala de C's en el ente municipal, Carina Mejías, y el concejal del PP en el Consistorio, Alberto Fernández Díaz, han hecho un frente común contra la ordenanza municipal de las terrazas que ha empezado la alcaldesa Ada Colau. Los miembros de los tres partidos han convocado conjuntamente una rueda de prensa donde han pedido la celebración de un pleno extraordinario en lo que esperan que se añadan otras formaciones.

Para Trias, la situación "de ingobernabilidad" actual ha generado "resultados escandalosos" que ponen en peligro el equilibrio y la pervivencia del sector de la restauración. En este sentido, la iniciativa de Ciudadanos tiene la voluntad de unificar los criterios por distritos, un tema que según Mejías "merece más atención por parte del gobierno municipal". Alberto Fernández ha reclamado una ordenanza que "proporcione seguridad jurídica" y "no amenace la creación de puestos de trabajo".

Especialmente crítico con Colau se ha mostrado Trias, quien ha reprobado de la alcaldesa su "incapacidad de diálogo" para llegar a consensos, ya que asegura que la normativa de terrazas se ha convertido en "un desbarajuste superior al imaginable". En este sentido, el concejal de CIU ha ejemplarizado que la supresión de mesas del mercado de La Boqueria ha comportado actitudes incívicas y antihigiénicas como "encontrar gente que para comer se tiene que sentar en el suelo".

Por otra parte, Mejías ha criticado la dejadez de Colau con "un sector económico tanto importante para la ciudad" que ha comportado que determinados locales históricos hayan perdido sus terrazas. Por eso, desde Ciudadanos defienden una propuesta de resolución que dé equilibrio a las terrazas sin renunciar a la calidad de los espacios públicos.

El dirigente popular ha lamentado que las decisiones que se toman al respecto provengan de una comisión técnica donde no participan todos los grupos municipales. Según Alberto Fernández, el conflicto existente perpetúa las molestias en el sector de la restauración a causa de "la inacción municipal".

El pleno extraordinario que pretenden forzar CiU, C's y PP tiene de plazo para convocarse hasta el 23 de septiembre y, en caso de que no se haga, se puede ampliar con un margen de diez días más.