La Audiencia Nacional ha condenado a penas de hasta ocho años y dos meses de prisión a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas juzgadas en una de las piezas clave del caso Púnica, centrada en la adjudicación irregular de contratos de eficiencia energética a la empresa Cofely en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
La sentencia considera probadas “prácticas corruptas” desarrolladas entre marzo de 2012 y octubre de 2014, mediante el pago de sobornos a alcaldes, autoridades y funcionarios a cambio de asegurar contratos públicos. La condena más elevada recae sobre el empresario y asesor comercial David Marjaliza, considerado cabecilla de la trama, a quien se imponen ocho años y dos meses de prisión por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, fraude a la Administración pública, prevaricación, cohecho y falsedad documental. El tribunal, sin embargo, le aplica las atenuantes de confesión tardía, dilaciones indebidas y reparación del daño.
También han sido condenados varios directivos de Cofely. El entonces director general, Didier Roger Maurice, y los responsables comerciales Constantino Álvarez y Pedro García han recibido penas de entre seis y casi siete años de prisión. Según los magistrados, el modelo de cumplimiento normativo de la empresa “no fue eficaz para prevenir las actividades corruptas”, que se extendieron durante tres años e implicaron a varios departamentos. La sentencia subraya literalmente que “las medidas anticorrupción proclamadas formalmente no se desarrollaron para prevenir y detectar estas prácticas corruptas”.
En cuanto a las responsabilidades políticas, la resolución condena a cinco exalcaldes del PP, uno del PSOE y uno de un partido local. Entre ellos, el exalcalde de Parla, José María Fraile, ha sido condenado a dos años de prisión; el de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada, a cuatro años y medio; el de Villalba, Agustín Juárez, a cuatro años y medio; el de Móstoles, Daniel Ortiz, a tres años; y el de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez, a casi tres años. El exalcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas, ha sido condenado a tres años de inhabilitación especial. En cambio, la Audiencia Nacional ha absuelto a los exalcaldes de Almendralejo, José García, y de Valdemoro, José Carlos Boza, al considerar que no se ha acreditado su responsabilidad penal.
La sentencia describe una trama organizada que actuaba como una organización criminal, con una planificación estable y vocación de permanencia, orientada a manipular concursos públicos de manera simultánea en diferentes municipios. El tribunal también destaca la aplicación generalizada de atenuantes, especialmente por las dilaciones indebidas, ya que la causa se inició en 2014 y se ha resuelto once años después.