La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha incrementado la presión sobre el gobierno de Ceuta para que autorice el traslado a la Península de 500 menores migrantes que continúan en la ciudad autónoma. Rego ha asegurado que "las plazas están habilitadas" y que el único paso pendiente es que el ejecutivo ceutí, gobernado por el PP, "firme" para que los traslados se puedan hacer efectivos. Paralelamente, la ministra ha acusado a dirigentes populares de reclamar la expulsión generalizada de los menores migrantes, una propuesta que ha calificado de "mecanismo de deportación masiva", "ilegal e inhumano". Ante esta posibilidad, ha defendido que cualquier decisión se debe tomar de manera individualizada, analizando la situación de "cada niño y cada niña" y priorizando el interés superior del menor, tal como establece, ha remarcado, el ordenamiento jurídico español.
Rego ha concretado esta exigencia en dos medidas que, según ha defendido, el PP podría adoptar "de manera inminente". La primera pasa porque el gobierno de Ceuta autorice el traslado de los 500 menores a la Península, una operación para la cual, ha insistido, "las plazas ya están habilitadas" y disponen de financiación del Estado. La segunda reclama más implicación de las comunidades autónomas gobernadas por los populares, a las que ha pedido que "sean solidarias" y colaboren en la acogida de los menores procedentes de la ciudad autónoma.
"Parte de responsabilidad"
Rego ha admitido que el Gobierno tiene "una parte de responsabilidad" en la gestión de la crisis y ha reconocido que la coordinación institucional "debería haber sido más eficiente o más rápida" ante un episodio de desbordamiento que ha calificado de "extraordinario". La ministra ha asumido que se han producido situaciones que "evidentemente no nos gustan" y ha defendido la necesidad de hacer autocrítica y asumir los errores cometidos. Sin embargo, ha rechazado plantear la respuesta como una elección entre proteger a los vecinos de Ceuta o atender a las personas vulnerables que llegaron a la ciudad. Según Rego, ambas obligaciones son compatibles y el objetivo debe ser garantizar a la vez la atención a la ciudadanía ceutí y a los migrantes en situación de vulnerabilidad.
Cuestiona la UE
Rego ha situado también parte de la respuesta a la crisis en el ámbito europeo y ha recordado que España forma parte de la frontera sur de la Unión Europea. La ministra ha cuestionado los "mecanismos de externalización y militarización de fronteras" y ha defendido, en cambio, la apertura de "vías legales y seguras" y un sistema de acogida "vinculante y solidario", con recursos europeos destinados especialmente a los territorios que reciben las llegadas. Como referencia, ha señalado el modelo aplicado durante la crisis de refugiados provocada por la guerra de Ucrania. En este sentido, Rego ha denunciado que existe un "sesgo racista" entre aquella respuesta y la que se está dando ahora en Ceuta y ha calificado de "inhumano" que no se aplique a los menores llegados a la ciudad autónoma un criterio similar de acogida rápida y solidaria.