Un centenar de policías nacionales y guardias civiles han protestado este viernes en la Ciutat de la Justícia de Barcelona contra la ley de amnistía pactada entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes en el marco de la investidura de Pedro Sánchez. Convocados por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), los concentrados han criticado el procesamiento de los agentes que actuaron el 1-O del 2017 y en octubre del 2019 con los disturbios postsentencia del procés en Urquinaona, y que se pueda amnistiar, entre otros, a los manifestantes detenidos, que consideran "terroristas urbanos". A la concentración han asistido dirigentes del PP, Vox y C's, que han aprovechado para acaparar protagonismo y reiterar sus críticas al acuerdo presentado este jueves.

La concentración se ha hecho este viernes coincidiendo con la citación en el juzgado de instrucción número 30 de seis policías nacionales investigados por vejaciones a una detenida en octubre del 2019 en los disturbios de la plaza Urquinaona después de la sentencia del Tribunal Supremo. Ninguno de ellos ha declarado, pero el 1 de diciembre están citados algunos de ellos otra vez aparte de siete policías más. De los 13 investigados, seis tenían que declarar este viernes, pero dos no han sido citados correctamente y uno ha sido citado por error, porque el día de los hechos no trabajaba en Barcelona. Los otros tres se han negado a declarar, y dos de ellos han dicho que han recibido el expediente judicial hace poco tiempo y de forma parcial y no se lo han podido estudiar junto con sus abogados. Algunos de ellos serán citados el 1 de diciembre junto con sus compañeros. La mayoría de agentes investigados son miembros de la unidad de antidisturbios UIP.

Denuncian procesamientos "injustos" de agentes

El secretario de organización del SUP, José Antonio Rodríguez Neira, ha dicho que los policías citados este viernes están procesados de forma "injusta" porque "defendieron el estado de derecho". Según él, los policías investigados para el 1-O actuaron bajo mandato judicial y los del 2019 citados este viernes han sido denunciados por "terroristas urbanos". De hecho, ha pedido que sus compañeros no sean amnistiados, porque "no hicieron nada malo", sino que se archiven las causas judiciales abiertas contra ellos.

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Protesta contra la amnistía en la Ciutat de la Justícia / Eva Parey

Por su parte, Juan Fernández, secretario general del AUGC, ha criticado los acuerdos entre el PSOE y los independentistas porque se hacen "de espalda a los policías nacionales y guardias civiles". "Se negocia la titularidad de edificios del Estado, condiciones para los mossos dejando fuera de policías y guardias civiles, y mientras no dialoga con nosotros, acuerda con los que sí que vulneraron las leyes y pusieron en peligro la integridad territorial", ha lamentado. Por eso, ha pedido la "solidaridad" de la ciudadanía, que cree que le da apoyo, asegurando que las fuerzas de seguridad siempre trabajan con legalidad, y ha añadido que el estado de derecho es fuerte.

Los dos han pedido que las manifestaciones de estos días contra la amnistía sean pacíficas, han condenado la violencia y Rodríguez Neira ha asegurado que los disturbios pueden ser provocados por alborotadores infiltrados.

Apoyo de PP, Vox y C's: Carrizosa y Fernández, presentes

A la concentración delante de la Ciutat de la Justícia se han acercado dirigentes de Vox, Ciudadanos y el PP, que han querido dar apoyo a los policías encausados y al mismo tiempo reiterar a las críticas contra la ley de amnistía, que el PSOE ha pactado con los partidos independentistas. Desde Vox, el diputado en el Parlamento Sergio Macián lo ha definido como "pacto de la traición y de la impunidad". "Tendremos que ver cómo se amnistían a los que tiraban adoquines el otoño del 2019 mientras se encausa aquellos que defendían la ley, como lo hicieron los policías nacionales y guardias civiles", ha criticado, mientras ha alabado el trabajo de los agentes "que fueron la salvaguardia de la democracia y el estado de derecho".

El líder de C's en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha definido como "especialmente sangrante" que al día siguiente del pacto por la amnistía haya citados policías nacionales por|para su actuación a las protestas postsentencia del 1-O. Carrizosa ha dicho en el 2017 y en el 2019 los agentes actuaron "proporcionadamente": "Es mentira que se sobrepasaran". Ha asegurado que hicieron un "uso legítimo de la fuerza" contra manifestantes "que ahora serán amnistiados y que oprimían al resto de catalanes con leyes dictadas por Puigdemont". Carrizosa ha querido agradecer la tarea de la policía entregando dos ramos de flores a los líderes sindicales.

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Carlos Carrizosa a la protesta / Foto: Eva Parey

Por su parte, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha dicho que la investigación contra los policías es una "mala pesadilla". "Se acaba indultando a los que queman mobiliario urbano y, en cambio, se procesa los servidores públicos que cumplen órdenes y obligaciones", ha aseverado el líder popular, subrayando que los agentes "están siendo injustamente encausados". Fernández también ha criticado que el pacto del PSOE prevea reforzar los Mossos d'Esquadra y ha cargado contra los proyectos de cierre de la comisaría de la policía nacional en la Via Laietana.

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Manifestación en la Ciutat de la Justícia / Foto: Eva Parey

Policías encausados para el 1-O y Urquinaona

La acusación particular a los policías que han declarado este viernes asegura que la chica fue detenida 13 horas sin comunicarse ni a sus familiares ni al Colegio de la Abogacía, entre las 6 de la tarde del 18 de octubre y las 7 de la mañana del día siguiente, mientras que el máximo legal son 8 horas. Eso, dicen, angustió mucho a su familia, que estuvo llamando a varios hospitales por si le había pasado alguna cosa sin obtener respuesta. Además, durante la estancia en el vestíbulo de la comisaría de la Via Laietana a ella y a otra detenida les hicieron subir los pantalones y atar los zapatos a los detenidos hombres, que fueron agredidos, según su versión. Igualmente, la chica asegura que uno de los agentes, en concreto uno calvo, le acercó un cutter en el cuello y le insinuó que ella podría ser la primera muerta de uno de los dos bandos. Posteriormente, en el traslado a la comisaría de la Aliseda, la chica asegura que la furgoneta dio muchas vueltas por dentro del aparcamiento y a oscuras, para marearla. La acusación no ha podido obtener ni imágenes de vídeo ni grabaciones de las emisoras policiales.

Después de la detención, la chica pasó a disposición judicial e ingresó en la prisión, donde estuvo diez días. Ahora está pendiente del escrito de acusación de la fiscalía y que se señale juicio contra ella por|para desórdenes públicos. Por todo eso, la defensa de la chica acusa a los policías de delitos contra la integridad moral, amenazas y contra los derechos fundamentales. El 1 de diciembre están citados a declarar a seis policías nacionales más. La acusación particular lamenta el retraso en la instrucción de la causa, ya que desde el primer momento estaban identificados los policías sospechosos y han tenido que pasar cuatro años para que sean citados a declarar. En medio, la fiscalía tampoco ha hecho ninguna diligencia y la abogada de Paula tuvo que presentar una queja a la jueza decana para que la magistrada instructora avanzara en la tramitación de la causa.