La Audiencia Nacional (AN) ha abierto diligencias a los ayuntamientos de Girona, Sant Cugat, la Seu d'Urgell, Igualada y Celrà por haber apoyado la resolución independentista del Parlament, anulada este mismo miércoles por el Tribunal Constitucional. Los cuatro primeros están gobernados por CDC y Celrà por la CUP, dos partidos que promovieron la resolución. Los alcaldes de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, y de Celrà, Dani Cornellà, responderán de forma diversa a la investigación, abierta por los juzgados de instrucción 1 y 4 de la AN. La Seu enviará la información que le pidan; Celrà ignorará el requerimiento.

En Celrà la moción se aprobó el 10 de noviembre. En la Seu, un día después. Las diligencias se basan en los atestados de la Guardia Civil, que considera las mencionadas mociones como posibles delitos de rebelión y sedición. Esos informes siguen la orden del fiscal jefe de la AN, que les instaba a enviarlos "con carácter urgente" si tenían conocimiento de hechos como los de Celrà y la Seu.

El acuerdo que ha motivado la investigación de la AN dice: "1. Manifestar el pleno apoyo y la adhesión del ayuntamiento a la resolución 1/XI del Parlament de Catalunya. 2. Enviar este acuerdo a la presidenta y a los grupos del Parlament de Catalunya, al presidente de la Generalitat de Catalunya, a la Associació de Municipis per la Independència y a la Associació Catalana de Municipis". Es el mismo texto que han aprobado centenares de ayuntamientos catalanes.

La Seu: amparados en legalidad

El alcalde de la capital del Alt Urgell, Albert Batalla, también diputado de Junts pel Sí, ha confirmado a El Nacional que no han recibido ninguna notificación de la AN. "El único requerimiento que recibimos fue el 19 de noviembre, cuando la subdelegación del gobierno en Lleida nos pidió el acta del pleno del ayuntamiento del día 11 en que aprobamos la declaración de apoyo a la moción del Parlament".

En caso de recibir algún requerimiento, enviarán la información que se les pida, no como acto de obediencia sino desde el convencimiento de que la moción cabe en “la facultad de pronunciarse, sin efectos jurídicos, sobre asuntos de interés general por parte de los entes locales”.

Batalla no entra a valorar si la filtración de la apertura de diligencias contra los ayuntamientos de Celrà y la Seu d'Urgell, regidos, respectivamente, por CUP y CDC, dos de los principales actores en el proceso independentista, el mismo día que el Constitucional ha anulado la moción soberanista del Parlament, responde a una estrategia diseñada desde Madrid. Sí que cree, sin embargo, que "los problemas políticos se tendrían que solucionarse siempre en el ámbito político y no desde el judicial".

Desobediencia

En Celrà han recibido un fax en que les piden retirar la moción y los nombres de los concejales que la aprobaron. Dani Cornellà, el alcalde, ha anunciado que hará caso omiso del requerimiento. "Una vez hemos empezado la desconexión con la administración española, su justicia politizada, etcétera, nos da igual lo que nos diga. Y si piensan que estos son los términos [de la relación], nos sentimos cómodos. No tenemos ningún problema, porque desobedeceremos cualquiera de las órdenes que nos lleguen".

Para Cornellà, una vez aprobada la moción, lo único que ha cambiado es el posicionamiento político: "estar completamente de acuerdo con la desconexión del Estado y la creación de un nuevo país". Sobre las presiones que reciben los funcionarios del consistorio desde la aprobación de la moción, Cornellà ha dicho que "tienen que hacer lo que crean oportuno y no les obligamos a desobedecer. Lo haremos los políticos".