La causa que investiga los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 se encuentra paralizada en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional debido al recuento oficial de víctimas, pues, más de dos años después, aún no se ha esclarecido el número real de damnificados en esta acción criminal que dejó 16 personas fallecidas.
Según han explicado a Europa Press fuentes jurídicas, el problema con el que se ha encontrado el actual instructor de la causa, el magistrado José Luis Calama, es que casi una veintena de personas que dicen ser víctimas de los atentados han querido personarse en el procedimiento.
Mientras la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo recaba la información necesaria para elaborar un balance oficial, que espera tener listo a finales de este año o principios de 2020, el juez de la Audiencia Nacional ha tenido que hacer una criba por su cuenta ante las numerosas peticiones.
Para realizar a una selección precisa, el magistrado ha solicitado informes médicos de estas personas que se personaban como víctimas de los atentados de la célula yihadista. En el caso de los que ya ha rechazado, Calama argumenta en sus autos que "los médicos forenses no pueden establecer la relación causa-efecto entre el atentado terrorista y las presuntas lesiones de naturaleza psíquica referidas por los recurrentes".
Geolocalización del teléfono de Driss Oukabir
Pero el recuento oficial de damnificados -y las correspondientes tramitaciones para aceptar o no su personación en la causa- no es el único escollo para cerrar la instrucción de esta causa, ya que la defensa de uno de los procesados, Driss Oukabir, solicitó una nueva diligencia.
Se trataba de la geolocalización de su teléfono móvil en los días previos de los atentados para tratar de demostrar que no estuvo ni en la casa de Alcanar (Tarragona) ni en un restaurante de Tona (Barcelona), donde dos testigos le situaron el 16 de agosto.
El juez Calama encargó en un principio esta diligencia a los Mossos d'Esquadra, pero finalmente será la Policía Nacional la que emita el informe, del que aún no se ha dado traslado a la Audiencia Nacional, según las fuentes jurídicas consultadas.