Más de 120 catedráticos y profesores de Derecho de España han firmado un manifiesto donde rehúsan la acusación por los delitos de rebelión y sedición que se piden para los presos políticos independentistas. Así lo asegura un manifiesto al que ha tenido acceso El diario.es el cual supone una alerta por parte de estos profesores y profesoras que discrepan de las interpretaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

La Fiscalía acusa de rebelión a los presos políticos, y la Abogacía del Estado los acusa de sedición; este centenar de catedráticos y profesores considera que ni una cosa ni la otra ya que no consideran que haya ningún elemento necesario de violencia para acusar de estos delitos.

En el manifiesto, los firmantes advierten que la interpretación de la Fiscalía y de la Abogacía "abre la puerta a la banalización de dos delitos prácticamente inéditos en democracia y con un pasado de recuerdo triste" (los únicos condenados por rebelión desde la restauración de la democracia son el coronel Tejero y el resto de participantes del golpe de estado del 23-F).

En la misma línea, los profesores y catedráticos lamentan que la Fiscalía "convierta en delito el ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión y manifestación". Esta afirmación se hace en base a una tesis del Supremo para justificar la rebelión: los magistrados aseguran que "la estrategia hacia la independencia contemplaba el uso de la violencia necesaria a través de los Mossos y de los manifestantes".

El texto, acusa la Fiscalía de tener "la idea de configurar la existencia de violencia al procés", una violencia que los firmantes no ven: "Lo único que ha conseguido demostrar la Fiscalía es que todas las movilizaciones sólo pretendían conseguir un referéndum a partir de medios pacíficos y democráticos".

Tampoco ven delito de sedición

Los profesores y catedráticos que hay detrás de este manifiesto tampoco ven delito de sedición, tal como dice la Abogacía del Estado. Los firmantes indican que "en ningún momento se ha aportado indicio de que los imputados haya inducido, provocado o protagonizado un alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley".

El documento lo han promovido los catedráticos de Derecho Penal de las universidades de Jaén, Castilla la Mancha y Granada Guillermo Portilla, Nicolás García Rivas y María Luisa Maqueda, y por los profesores de Derecho Penal de las universidad de la Coruña y València José Ángel Brandariz y Javier Mira Benavent.

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