Reacciona. El titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, que investiga el ataque de Pegasus al expresidente del Parlament y conseller de Empresa, Roger Torrent, y al exdiputado y concejal de ERC Ernest Maragall, solicita ahora una prueba, después de que en octubre de 2020 recibiera la querella de los dos políticos republicanos, dirigida por el penalista Andreu van den Eynde. En concreto, el juez José Antonio Cruz, a petición del fiscal, solicita a los dos afectados que aporten los móviles con los cuales sufrieron la incursión del software malicioso del grupo israelí NSO. En la querella, Torrent y Maragall, que fueron avisados por WhatsApp del espionaje en julio del 2020, ya alertaban al juez de la gravedad de esta acción, como ahora ha confirmado la investigación CatalanGate de Citizen Lab, que confirma que al menos 65 personas del entorno del independentismo catalán y vasco han estado espiados.

En la resolución, del 2 de mayo pasado, el juez expone que, una vez examinadas las actuaciones y "ante lo que solicitó el ministerio fiscal en el informe del 15 de octubre de 2020", se pida a los querellantes que aporten los terminales, dos Samsung Galaxy A5, con el fin de hacer, si corresponde, "una pericial". Hasta ahora, el juez solamente había aprobado, a petición de los querellantes, realizar una comisión rogatoria a Israel para pedir información de la empresa NSO, de la cual todavía espera respuesta. Las preguntas se han limitado a saber si NSO tiene el programa Pegasus y si lo usó en los números concretos de Torrent y Maragall. También se pidió a Irlanda sobre la empresa WhatApp las pruebas, y esta dijo que los datos los tenía en una empresa situada en los Estados Unidos, donde se ha dirigido la nueva comisión rogatoria. El juez, con el visto bueno del fiscal especializado en delitos informáticos, descartó la imputación del entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, como principal sospechoso del uso de Pegasus contra Torrent y Maragall, ya que es un software que se vende a los estados. La causa, por ahora sin autor conocido, es por los delitos de revelación de secretos y contra la intimidad.

Querellas

El juez Cruz tiene ahora sobre la mesa las querellas de los seis afectados por Pegasus de Òmnium y de la CUP, y después de consultar al fiscal (como es habitual), primero tiene que decidir si lo acumula a la causa que ya tiene abierta con Torrent y Maragall o, por el contrario, lo envía a reparto. Se espera que en los próximos días también presenten querellas los afectados de la ANC y ERC.

Si acepta las querellas, también tendrá que decidir las peticiones que le han realizado los querellantes. El penalista Benet Salellas, que actúa en nombre de Òmnium y la CUP, solicita al juez que impute a NSO y sus empresas como persona jurídica en el delito de revelación de secretos y contra la intimidad de los afectados, y que lo cite a declarar como investigado. También solicita que el Ministerio del Interior y las direcciones del Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Civil y el Cuerpo de la Policía Nacional informen al magistrado si tienen el software Pegasus y si lo han usado contra el exvicepresidente de Òmnium Marcel Mauri; Elena Jiménez y Meritxell Bonet, periodista y mujer del expresidente de Òmnium Jordi Cuixart; así como también a los diputados de la CUP Carles Riera y Albert Botran y del exdiputado y periodista David Fernàndez. Habrá que ver si el juez también les requiere los móviles infectados para hacer periciales o hay bastante con el informe de Citizen Lab.