El activista Òscar Campos, la CUP, Òmnium Cultural, la Associació Ateneu Popular de Girona, la Associació No al Racisme de Girona i Salt, y la Federació d'Entitats Socioculturals de Salt han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión judicial de inadmitir la querella que interpusieron contra María Isern, la agente del Cuerpo Nacional de Policía que se infiltró en el movimiento independentista y social de Girona. El recurso solicita el amparo constitucional por la decisión de la justicia española de "no investigar" la actuación de la agente infiltrada.

La agente policial adoptó una identidad falsa para "ganarse la confianza" de Òscar Campos y estableció una relación sentimental con él para tener acceso a información de espacios, entidades y formaciones, y controlar sus actividades y el día a día. Las entidades consideran que Marí Isern "cosificó" a Campos, convirtiéndolo en un "simple instrumento" para conseguir sus objetivos. El agente no habría conseguido el acceso a la información si se hubiera sabido que era policía, según destaca el comunicado de Òmnium Cultural anunciando la presentación del recurso. 

Acción "inaceptable" y "aberrante"

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha calificado de “inaceptable” el hecho de que, más de dos años después de la presentación de la querella, la justicia española "continúe protegiendo las malas prácticas" del Estado contra el independentismo y los movimientos sociales de base. Antich ha afirmado que infiltrar agentes de policía en un movimiento democrático y pacífico "sin el más mínimo indicio de delito ya es aberrante en sí mismo". Pero que la justicia, además, se niegue a investigarlo es "intolerable" y una "vulneración flagrante" de derechos fundamentales, como el derecho a tutela judicial efectiva, el derecho a la intimidad y a la vida privada, la integridad moral y los derechos de participación y de asociación, tal como ha denunciado. Xavier Antich también ha lamentado que, en el caso de Campos, quien fue trabajador de Òmnium, la situación es todavía más “espeluznante” tanto por las implicaciones emocionales del engaño como por la sospecha y el trauma que ha generado.

La campaña de infiltraciones de la policía española en organizaciones independentistas y movimientos sociales de base es "una estrategia más propia de estados policiales" y va más allá de lo que permite la ley, aseguran las entidades que han presentado el recurso al Constitucional. El hecho de que se hayan descubierto otros casos similares en los Països Catalans demuestra, añaden, que es una "práctica estructural" que cuenta con el aval del gobierno español. “Infiltrar policías en movimientos sociales es ilegal y es una forma más de espionaje contra la disidencia política que vulnera numerosos derechos fundamentales”, afirman las entidades querellantes. “Hacerlo a través de relaciones íntimas es otra forma de violencia y de abuso” incompatible con los estándares de un estado democrático. “Y negarse a investigarlo es directamente un ataque a la esencia de la democracia”, añaden

Golpe de puerta de la Audiencia de Girona

La Audiencia de Girona confirmó el 16 de diciembre el archivo de la querella contra María Isern al considerar que, en todo momento, la relación con Campos fue “consentida” y que la agente infiltrada simplemente “omitió” su identidad. De hecho, el auto de la Audiencia señala que fue Campos quien generó el conflicto cuando decidió investigar la identidad de su pareja por las sospechas fundamentadas que tenía. “La resolución impugnada responsabiliza a la víctima de haber sufrido los daños denunciados”, denuncian las entidades impulsoras del recurso. Asimismo, en el recurso al Constitucional se denuncia que la Audiencia, sin haber practicado ninguna diligencia de investigación, “presupone” que las órdenes recibidas por la agente infiltrada justificaban cosificar a Campos, una conclusión “arbitraria” porque no se sabe nada sobre su misión y objetivos precisamente porque no se ha querido investigar.

La Audiencia concluyó que no hubo ni delito de torturas ni tampoco de revelación de secretos y destacaba que la relación fue "consentida" y que el agente "no se prevalió de su condición de funcionario público", sino que tan solo "la omitió". Igualmente, subrayaba que tan solo hay "sospechas" de que la policía "se apoderase" de información reservada y que, en todo caso, no la obtuvo de manera "fraudulenta" precisamente porque era la pareja del activista