El caso del pen drive fantasma con datos de Jordi Pujol Ferrusola ya tiene fecha de juicio. La Audiencia de Madrid ha fijado para el 9 de junio del 2020 la vista oral contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, y su entonces subordinado Bonifacio Díez Sevillano por la obtención y custodia de una memoria con datos del primogénito de Jordi Pujol, que se trató de incorporar a la investigación de la Audiencia Nacional sobre el patrimonio de la familia del expresidente de la Generalitat. Se trata del primer juicio contra la conocida como policía patriótica de la etapa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

Eugenio Pino y su subordinado serán juzgados por los presuntos delitos de falso testimonio, fraude procesal y descubrimiento o revelación de secretos. La fiscalía considera que "no queda suficientemente justificada" ninguna conducta penal porque "no se conoce a ciencia cierta el origen de dicho USB, ni de dónde se obtuvo, y menos cualquier participación en ello de los investigados", según explicó en su escrito del 22 de febrero pasado, en el que solicitó el sobreseimiento provisional del caso.

Podemos pide 10 años y medio

La acusación popular ejercida por Podemos pide 10 años y medio de prisión para Pino —comisario jubilado— y para el que fuera su mano derecha, al entender que actuaron "de forma concertada y prevaliéndose de su posición jerárquica y organizativa" en la DAO para facilitar a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) "un dispositivo electrónico pendrive con documentación propiedad de Jordi Pujol Ferrusola indicando un origen de la documentación falso, desconociéndose en la actualidad el origen real de dicho pen drive".

El caso del pendrive estuvo inicialmente en la Audiencia Nacional debido a que la documentación de Pujol Ferrusola fue incorporada en un informe de la UDEF que se presentó en el juzgado que investiga el origen de la fortuna de la familia Pujol.

Origen incierto de la USB

El juez instructor de la causa, José de la Mata, "vio indicios del origen incierto" de dichos documentos, por lo que inició una pieza separada con el fin de no contaminar la causa. Finalmente derivó a los juzgados de plaza de Castilla de Madrid, recayendo en el número 11 dirigido por Juan Javier Pérez.

El magistrado de Madrid procesó a Pino y Sevillano al no creerse sus versiones. Pino aseguró durante la instrucción que la memoria USB le llegó al que fuera jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, que le había indicado que provenía de la agencia de detectives Método3.

Aparece Villarejo

Asimismo, apuntó que, previamente, el dispositivo se lo había ofrecido el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo , pero a cambio de que le pagara medio millón de euros, cantidad que luego rebajaría a 200.000 euros. Por su parte, Díez Sevillano señaló durante la instrucción del caso que nunca había entregado ese dispositivo a ningún responsable de la UDEF.

La fiscalía pone en duda las argumentaciones contrapuestas de los diferentes mandos y afirma en su escrito que todo esto se refiere a la 'guerra de comisarios'. "No hay credibilidad subjetiva, la misma desaparece ante la enemistad y rivalidad existente entre los mismos", dice sobre los diferentes testimonios en sede judicial de los responsables de la cúpula policial, con Pino a la cabeza.

Cita, así, la enemistad de Pino con Martín-Blas —cuyo testimonio ve "totalmente mediatizado y sin valor"—, y otras causas en las que han estado enfrentados como la del pequeño Nicolás, para concluir: "Aun adoleciendo la conducta de los investigados de corrección, seriedad y profesionalidad, no existen indicios fundados de haberse cometido hechos con relevancia penal".

Podemos acusa

Sin embargo, Podemos considera que "el ánimo de los acusados al indicar un origen falso de la documentación a los miembros de la UDEF fue crear una apariencia de legitimidad sobre esta documentación de forma que ésta pasara a ser incorporada, en forma de informe policial", a las diligencias que se habían abierto en la Audiencia Nacional.

"Así, en un día indeterminado del mes de marzo de 2015, Bonifacio Díez entregó al comisario general responsable de la UDEF, Manuel Vázquez López, un pen drive con documentación perteneciente a Jordi Pujol Ferrusola informándole de que dicho pen drive había resultado incautado durante las operaciones de entrada y registro" ordenadas en Barcelona.

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