El Tribunal Supremo estudia hoy los recursos del caso Nóos. Es la última oportunidad que tiene a Iñaki Urdangarin para evitar entrar en la prisión, pero de momento, la Fiscalía le aumenta la petición de pena de los 6 años y tres meses en los 10. La Fiscal Angeles Garrido también pide más años para el socio del cuñado del rey, Diego Torres, y los aumenta hasta los 12.

En una intervención de carácter muy técnico Garrido ha defendido la aplicación de tipos agravados a las penas inicialmente impuestas para los dos y para el expresidente balear Jaume Matas por|para los delitos de malversación de fondos públicos, al tratar de un "delito bilateral" en el cual es necesario el concurso de todas las partes. "En la administración pública no puede hacerse todo lo que uno quiera, no rige el principio de autonomía de la voluntad", ha señalado la fiscal Garrido para justificar la comisión también de los delitos de prevaricación.

Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de prisión, siete años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.533,68 euros por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación (dos años y ocho meses de prisión), un fraude a la Administración pública (siete meses), un tráfico de influencias (un año) y dos delitos contra la Hacienda pública (un año cada uno) ya responsabilidad civil.

Pero la pena impuesta fue mucho más baja a los 19 años de prisión que pedía para él inicialmente la Fiscalía, ya que el tribunal de Palma lo absolvió de los delitos de blanqueo de capitales y estafa y de varios delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en relación con actividades en las Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid y tuvo en cuenta circunstancias atenuantes de reparación del daño.

Tanto la Fiscalía como la representante de la Abogacía del Estado han solicitado en el Supremo un nuevo cálculo del daño patrimonial producido por los condenados, y que para eso se aplique la jurisprudencia de la Sala fijada de acuerdo con la sentencia dictada en 1992 en el caso de la 'colza'.

En el recurso presentado delante del Supremo Urdangarin también rechaza la cuantificación de las cantidades presuntamente sustraídas que hace la Fiscalía pero, al contrario que hace la Fiscalía y la Abogacía del Estado, su defensa rechaza que tanto él como su exsocio Diego Torres incumplieran las exigencias legales que se incluían en los contratos que firmaron con el Instituto Balear de Turisme para la celebración de las Islas Baleares Foro en el 2005 y 2006, por|para los cuales cobraron unos 2 millones de euros.

Respecto de los hechos cometidos por Urdangarín y su socio en la Comunidad Valenciana, que no fueron tomados en consideración por la Audiencia de Palma, la Fiscalía pide que también se consideren para las condenas, ya que son "cronológicamente paralelos" y con idéntico desarrollo en los foros deportivos organizados en Baleares por Nóos, una organización que supuestamente nació para impulsar el deporte en las islas y no tenía ánimo de lucro.

Muy al contrario, en todas sus operaciones existió una "omisión absoluta de un procedimiento administrativo" que hubiera situado su actuación en igualdad de condiciones en el de otras organizaciones en el mercado según la fiscal, que ha añadido que la conclusión es que se hicieron "03:00 contratos falsos "los gastos no se justificaron" en nada".

Los magistrados Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo firmarán la sentencia de casación que podría revisar la dictada el 17 de febrero de 2017 por|para el Audiencia provincial de Palma de Mallorca.

La resolución que rebajó notablemente las penas que pedía la Fiscalía a los principales acusados en este procedimiento, que se originó como pieza separada del caso Palma Arena por las actividades delictivas que realizó el exduque con su exsocio Diego Torres mediante el instituto Nóos, que se suponía realizaba su tarea sin ánimo de lucro.

La vista se hace en el Supremo, sin los acusados, y la sala tomará una decisión de aquí unas semanas. Se revisa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Palma y ya no hay más instancias superiores para recurrir, lo que quiere decir que la pena que dicte ahora el Supremo será firme y la que tendrá que cumplir Iñaki Urdangarin.

Hoy todas las partes exponen sus argumentos. Si los alegatos se alargan, la vista se pudría a prorrogar a mañana.