Que acabar con la inmersión y el catalán es una cuestión de Estado para una gran parte del unionismo lo demuestra la visita a Barcelona que ha hecho el presidente del PP, Pablo Casado, para reunirse con varias asociaciones españolistas en el hotel Grand Marina. Una vez acabado el encuentro, que se ha alargado una hora más de lo previsto, ha comparecido ante los medios para amenazar al conseller de Educació, Josep González Cambray, y a todo el Govern con los tribunales y para pedir al presidente español, Pedro Sánchez, que envíe el requerimiento para iniciar el proceso para aplicar el 155.

Con la espectacular vista de fondo de la capital catalana, Casado ha acusado al independentismo de "cargarse esta sociedad" y ha avisado que si el Govern no acata tanto la sentencia del TSJC con la escuela de Canet de Mar como la del Tribunal Supremo, estará desobedeciendo y prevaricando. De hecho, también ha dicho que la participación del ejecutivo catalán en la manifestación de Somescola contra la sentencia del 25% no quedará impune.

En su intervención, el líder popular ha querido desvincular sus reivindicaciones lingüísticas del eje derecha-izquierda y ha reivindicado que esta es una causa "por la humanidad y la libertad". Y ha seguido justificando su petición de amenaza del 155 recordando que el gobierno socialista de Felipe González también lo hizo con las Islas Canarias.

 

La ofensiva del PP

El presidente del PP también ha anunciado una serie de medidas como son una declaración institucional de condena a la actuación del Govern, sobre la cual ha pedido que sea votada por el PSOE en el Congreso; una proposición de ley para crear un cuerpo de inspección en las escuelas "para garantizar la libertad lingüística en todo el Estado"; una ley de lenguas para "blindar la libertad de elección" de la lengua de enseñanza y evitar que las cooficiales sean un requerimiento para acceder a la función pública; y un requerimiento a las instituciones europeas para que envíen una misión internacional que "vele por los derechos del niño de Canet y el cumplimiento de las sentencias".

Casado ha apelado directamente al conseller Cambray y al president de la Generalitat, Pere Aragonès, asegurando que él también defendería a sus hijos de un acoso por pedir ser educado en catalán. Y no ha dudado en comparar este caso con la segregación racial en los Estados Unidos, reprobando también la "pasividad" del Gobierno y de Sánchez, a quien ha pedido que actúe como lo hizo el presidente norteamericano John F. Kennedy en Misisipi cuando envió tropas para que el afroamericano James Meredith fuera admitido en la universidad.

Preguntado sobre los deseos del rey emérito Juan Carlos I de volver a España después de que la Fiscalía suiza haya archivado el caso, Casado sólo ha respondido que todos los españoles tendrían que estarle agradecidos por su "contribución" a la Transición y a la democracia.

La caída del catalán, culpa de la inmersión

En la misma línea se ha expresado el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, que ha acusado al Govern y a la inmersión de ser los causantes de que el catalán cada vez sea menos hablado entre los jóvenes y en la sociedad catalana en general. Así pues, el líder popular catalán ha añadido que "cualquier causa que necesite el acoso a un niño no vale la pena".

Preguntado sobre si se sumarán a Vox y Ciudadanos y pedirán a la JEC que le retire el escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà, Fernández no lo ha confirmado, pero ha avisado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que lo que está haciendo para blindarle "no sirve de nada, porque el Estado de derecho funciona y se impone".

 

Imagen principal: el presidente del PP, Pablo Casado, en la rueda de prensa en Barcelona / Foto: Europa Press