La sala tercera del Tribunal Supremo ha decidido apartar al juez que autorizó el espionaje del CNI, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, de la resolución de los recursos presentados por los presidentes Carles Puigdemont y Quim Torra, y los consellers Clara Ponsatí y Toni Comín. Lo que se podía empezar viendo como una victoria independentista ha acabado con un final agridulce. Lucas pidió expresamente ser apartado, pero en sus motivos afirma que lo hace para mantener "la apariencia de imparcialidad", no por el hecho de que pudo acceder a información sobre el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye. Ante esta postura, el presidente en el exilio ha estallado repitiendo una vez más: "¡Mi abogado ha sido espiado!" y cuestionando la justicia española.
A través de sus redes, Puigdemont ha expresado su indignación por la posición de Lucas. En un tuit redactado en inglés, ha afirmado: "Mi abogado ha sido espiado por el juez que se ha pronunciado sobre mis demandas. Lo repito para que lo sepan el comisario (de Justicia) Didier Reynder y la presidenta (del Parlamento Europeo) Roberta Metsola". A continuación, ha repetido, pero en mayúsculas, que su abogado ha sido espiado por un juez que se ha pronunciado en sus casos. Finalmente, cuestiona: "¿Es este el estado de derecho europeo?".
Gonzalo Boye cuestiona a Pablo Lucas
Carles Puigdemont no ha sido lo único al cuestionar los motivos del juez Lucas. Gonzalo Boye, quién fue espiado por el CNI, se ha preguntado a través de las redes: "Si no espiaron la estrategia de defensa, qué estuvieron espiando"?. El abogado denunció que, por culpa del espionaje al cual estuvo sometido, la defensa de Puigdemont se podía ver afectada, ya que se podía haber accedido a información sobre la estrategia de esta. Por lo tanto, se provocaba una situación de indefensión contra ellos, vulnerando las comunicaciones abogado-cliente.
Por su parte, Lucas sostiene "sin infringir el secreto al cual me obliga el artículo único 3 de la Ley orgánica 2/2002, que no he recibido ninguna información de cuyo Centro Nacional de Inteligencia hablan los escritos de promoción de nulidad de actuaciones". En el mismo texto detallaba "es manifiesto que la estrategia procesal a seguir en procesos contencioso-administrativos como los mencionados, no afecta -ni puede afectar- la independencia e integridad territorial de España, ni a los intereses nacionales, ni al Estado de Derecho y sus instituciones (...) Y de llegar a conocimiento del Centro Nacional de Inteligencia cualquier dato enajena a los hechos por los cuales se le concedió alguna autorización debidamente concedida, está obligado a destruirlo inmediatamente".