Carles Puigdemont ha cargado contra la justicia española después de que el juez Manuel García Castellón haya enviado la causa de Tsunami Democràtic al Tribunal Supremo para que lo investigue, junto con la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, por terrorismo. Puigdemont ha acusado a los jueces de "tener una agenda política claramente" y de actuar bajo un "calendario político". El president en el exilio ha afirmado que la justicia en España "es una de las peores de la Unión Europea".

En unas declaraciones en Estrasburgo, donde Puigdemont participa en el pleno de la Eurocámara, ha afirmado que los jueces "no muestran ningún interés en ser independientes, ni en hacer ver que lo son". Sin embargo, ha reconocido que la actuación de la Audiencia Nacional era "muy previsible". "Hace seis años que estamos así, ven rebeldes dónde no los hay, ven sediciosos dónde no los hay, ven terroristas dónde no los hay", ha lamentado.

Sin miedo a la justicia

¿Con respecto a las acusaciones de terrorismo, Puigdemont se ha mostrado tajante y ha negado tener ningún tipo de miedo "temor, ni uno"?, ha afirmado. En este sentido, ha reconocido que esta situación estaba dentro de los escenarios posibles, "no es nada que no esperáramos", aunque, ha asegurado que el caso "dice muy poco a favor de la justicia española". El eurodiputado ha evitado hablar de futuras reuniones con el PSOE, después del acuerdo conseguido entre ambas formaciones, que ha facilitado la investidura de Pedro Sánchez. Así como los mediadores internacionales, que tendrán que encargarse del seguimiento de las negociaciones entre Junts y los socialistas. "No haré comentarios al respecto", ha dicho contundentemente.

Investigación por Tsunami Democràtic

Este martes se ha conocido que el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso del Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, ha enviado al Tribunal Supremo una exposición razonada para que investigue por terrorismo a Carles Puigdemont, y al diputado de ERC en el Parlament, Rubén Wagensberg, aparte de diez personas más, como la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira. El magistrado señala que para aclarar los hechos tiene que hacer ciertas indagaciones que no puede practicar porque Puigdemont y Wagensberg son aforados. El escrito asegura que Puigdemont se situaría en el vértice de la organización del Tsunami y que su posición como expresidente y líder desde Bélgica del independentismo le confiere "una posición de autoridad incuestionable".

El juez considera que hay indicios que permiten inferir su participación en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami. Entre estos indicios, explica, están los mensajes a través del móvil entre los investigados, Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, y Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, las anotaciones de la agenda del primero o el impulso de Puigdemont mediante Twitter del lanzamiento de la plataforma de Tsunami. También se infiere el rol de liderazgo de Puigdemont en Tsunami, continúa el instructor, de una conversación mantenida con el investigado Josep Campmajó en que discuten sobre la actitud que tienen los dirigentes políticos catalanes en relación con la sentencia del Procés.

En el escrito, el juez explica que en este momento procesal la calificación no se puede plantear en términos excluyentes, sino que, la gravedad de los hechos y su complejidad, permiten subsumirlos en varias infracciones que encajarían en actos de terrorismo en el sentido que prevé el Derecho de la Unión Europea.