La consellera de Justícia, Ester Capella, ha apelado al independentismo a construir un "frente común" para conseguir la amnistía de los presos políticos, en lugar de enredarse en una "lucha cainita" con la cual, en su opinión, algunos intentan "sacar rédito político de la miseria".

En su comparecencia en el Parlamento para dar cuenta de su gestión ante el coronavirus en los juzgados y las prisiones catalanas, Capella ha insistido en que, si de ella dependiera, "no habría presos políticos", pero ha recordado que "no son los gobiernos, sino los jueces, los que deciden si envían a alguien a la prisión".

"Soy consellera de Justicia, militante de ERC. El líder de mi partido está en prisión. Si estuviera en mis manos, ¿alguien cree que no lo habría liberado?", ha recalcado Capella, en una alusión a las críticas de Junts per Catalunya, con quien gobierna en la Generalitat, al hecho de que las prisiones catalanas descartaron enviar a casa a pasar el confinamiento a los líderes independentistas presos, después de las advertencias del Supremo de que eso podría constituir un delito de prevaricación. En su intervención inicial ante los grupos, Capella ha mantenido que los independentistas se tendrían que reconocer "como aliados" y ha llamado a no equivocarse de "adversario", por lo que ha sentenciado: "Menos lucha cainita y más generosidad y trabajo en equipo".

Para la consellera, los que "juegan a confundir" con el tema de los presos políticos intentan "sacar rédito político y minar la unidad" del 80% de catalanes que, según ella, están contra la sentencia y contra el encarcelamiento de los líderes del procés.

No obstante, Capella ha admitido que, como ya ha repetido "miles de veces", ninguna "convicción personal ni de ningún dirigente del Govern, ni de la consellera de Justicia, ni del presidente, ni tampoco de ningún funcionario, puede cambiar la sentencia del Tribunal Supremo".

La consellera ha cargado contra el Supremo para advertir, a través de un mensaje enviado a la prensa, que investigaría a los funcionarios de las juntas de tratamiento que permitieran confinar en casa a los presos políticos, que vieron suspendidas sus salidas para trabajar o hacer voluntariado en virtud del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

"No podemos tolerar ningún tipo de amenaza o coacción a las juntas de tratamiento, estamos hablando de funcionarios que actúan con absoluta independencia", ha añadido Capella, que cree que los miembros de las juntas de tratamiento tienen que poder tomar sus decisiones "sin coacciones ni amenazas".