Hay una excepción a la ley del indulto española que permitiría conceder la medida de gracias al president Carles Puigdemont y el resto de exiliados. Se trata de la figura del indulto anticipado, como ha admitido este jueves el ministro de Justicia Juan Carlos Campo. Sin embargo, desde el Gobierno no lo contemplan "bajo ningún concepto", argumentando que el expresident tiene que volver al Estado español y ser juzgado por el Tribunal Supremo. De la misma manera, también ha negado que la inmunidad de eurodiputado la ampare.
En una entrevista en Onda Cero este jueves por la mañana, el titular de Justicia ha sido preguntado sobre la posibilidad de que Puigdemont fuera indultado sin ni siquiera ser juzgado, a diferencia de los presos políticos. Y el mismo Campo ha admitido esta posibilidad pero también ha cerrado la puerta rotundamente: "Hay una previsión en la propia ley que excepciona este supuesto, pero por descontado el Gobierno no lo contempla bajo ningún concepto".
Como en los días anteriores, el dirigente socialista ha reiterado su mensaje: el expresidente de la Generalitat tendría que ser detenido si entrara en territorio español. "Es un fugado y está reclamado por la justicia. Por lo tanto le invito a que venga para ser juzgado", ha reiterado Juan Carlos Campo. Ha rebatido que, a diferencia de los presos indultados, "no es fácil avistar" voluntad de concordia en Puigdemont "cuando está fugado de la justicia"
El titular de Justicia ha vuelto a defender la operación de los indultos: "El indulto no es un olvido. Por eso el matiz con la amnistía. La amnistía es un olvido, el indulto es un perdón por construir un futuro mejor". Es una decisión "valiente" que permite construir un "futuro mejor", ha insistido.
La sedición, "en estudio"
Lo que tampoco acaba de avanzar, a pesar de las promesas, es la reforma del delito de sedición en el Código Penal. Preguntado justamente por esta iniciativa, Juan Carlos Campo ha asegurado que sigue "en estudio" y ha negado que tenga como objetivo "rebajar las penas del delito". Lo que persiguen es hacer una "revisión profunda del bien jurídico de orden público". Y ha admitido que va para largo: "Es absurdo intentar reformar cualquier cosa sabiendo que no tendrá apoyo parlamentario". El mismo Campo se comprometió a llevar esta reforma al Consejo de Ministros antes del 31 de diciembre del año pasado.