La Plataforma per la Llengua ha denunciado en un comunicado, que el gobierno del PSOE y Podemos obliga a los camioneros que quieran descuentos por el gasóleo, a pedirlo en lengua castellana. En el redactado del decreto ley sobre medidas urgentes por el impacto de la guerra de Ucrania, publicado el 30 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se fija que las solicitudes de devolución se tienen que presentar obligatoriamente en castellano. El Gobierno español ha reducido de tres meses a uno, los plazos con que los conductores profesionales podían solicitar una devolución parcial del impuesto de hidrocarburos para el consumo de gasóleo. La norma se aprobó en medio de una huelga de los transportistas, que protestaban contra el aumento de los precios de los carburantes.

Según la Plataforma, el primer trimestre del 2022 las instituciones españolas y europeas han aprobado hasta 40 disposiciones normativas que incluían imposiciones o privilegios para la lengua castellana, en detrimento de la catalana. En el caso de las instituciones españolas, se trataba de normas que benefician de manera directa el castellano, con referencias expresas a este idioma o a "la lengua oficial del estado". En el caso de la Unión Europea, la imposición era generalmente indirecta, porque las normas en cuestión beneficiaban las lenguas oficiales de los estados miembros o de la misma Unión. El catalán no es idioma oficial del Estado español ni de la Unión Europea, en los dos casos por voluntad de las instituciones españolas. Estas 40 nuevas normas se añaden a un extenso corpus normativo que sostiene la supremacía de la lengua castellana en el Estado español y en los territorios catalanohablantes que forman parte de él.

La Plataforma de Defensa del Sector del Transporte por Carretera acordó el 2 de abril "suspender temporalmente" la huelga que los transportistas autónomos y pymes habían iniciado el 14 de marzo. Así lo decidieron después de 20 días de movilizaciones, y después de consultar a los asistentes a una asamblea celebrada en una estación de servicio de la localidad madrileña de San Fernando de Henares, a la que acudieron un centenar de transportistas. El pasado 14 de marzo la Plataforma convocó un paro indefinido al no aceptar las medidas que acordó a finales de mes el Gobierno con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), entre las que destacaba una bonificación de 20 céntimos de euros por litro de combustible hasta el 30 de junio.

El presidente español, Pedro Sánchez, había anunciado a finales de marzo esta rebaja generalizada de 20 céntimos por litro de la gasolina. La medida se aplicaría en todo al territorio del Estado español y no fue la única medida anunciada por el presidente socialista. El Gobierno también se comprometió a aumentar el ingreso mínimo vital y a recuperar los ERTE.