La Caixa de Solidaritat ha completado este jueves la fianza de 5,8 millones de euros que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona pedía a los 17 procesados por malversación en la causa por el 1-O. Esta mañana se han consignado los últimos 119.000 euros que faltaban, de tal manera que se ha evitado el embargo de las fincas que algunos de los procesados habían puesto como aval para hacer frente a lo que se les exigía.

Dentro de estos 5,8 millones hay 580.000 euros que el juzgado ha embargado a los encausados. Es por eso que ahora sus defensas piden un último esfuerzo a la Caixa de Solidaritat para recoger este dinero y presentarlo al juzgado, de manera tal que se pueda plantear un cambio de fiador y se devuelva esta parte a los encausados.

En un primer momento, cuando se estableció la fianza de 5,8 millones de euros, la Caixa de Solidaritat ya hizo un primer pago de 3,7 millones, y pidió al juzgado que para los 2,1 millones restantes se utilizaran los que los doce encausados en el Tribunal Supremo ya habían consignado por el mismo delito en el juicio que se sigue en esta otra instancia.

El juzgado 13, sin embargo, no aceptó este extremo y empezó los embargos. La Caixa de Solidaritat y otras entidades empezaron entonces a hacer aportaciones para completar los 2,1 millones que faltaban, y en paralelo se pidió al juzgado un informe sobre lo que ya se había consignado y sobre lo que quedaba por consignar, una tarea complicada dado que el juzgado ha abierto 17 piezas de embargo separadas, una por encausado.

Finalmente, este miércoles el juzgado comunicó que faltaban 119.000 euros para completar la cantidad total, dinero que se ha entregado esta mañana. De esta manera, no ha habido que ejecutar el embargo de las fincas depositadas como aval por algunos de los encausados, por lo cual se ha pedido al juzgado que se deje este extremo sin efecto.

En declaraciones a la ACN, el abogado de dos de los encausados por malversación, Ramon Setó, ha explicado que el embargo que empezó a ejecutar el juzgado ha sido de 580.000 euros, dinero que proviene de cuentas corrientes familiares y que supone dificultades para los encausados a la hora de hacer frente a los recibos mensuales o a otros gastos de este tipo.