La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha explicado que el Govern de la Generalitat mantiene "distancia y prudencia" en relación a las negociaciones sobre la investidura de Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo ha reclamado el reconocimiento del papel de JxCat y del presidente, Quim Torra.

Poco después de que la reunión entre PSOE y ERC acabara en Barcelona con el compromiso, recogido en la nota conjunta, sobre el reconocimiento y respeto institucional entre las dos partes, la consellera ha reiterado que este respeto tendría que empezar por el retorno desde la Moncloa a las llamadas de Quim Torra a Pedro Sánchez.

"El Gobierno español no puede no reconocer al president y por lo tanto pedimos se lo reconozca y se devuelvan las llamadas", ha advertido la consellera que ha insistido en que el diálogo político para resolver el conflicto tiene que estar liderado por los dos presidentes, el español y el de la Generalitat.

Budó no ha querido valorar las conversaciones en torno a la investidura porque se está llevando a cabo desde los partidos. "Como gobierno queremos mantener la prudencia y poner un punto de distancia, para mantener la neutralidad y separarlo del ámbito de los partidos", ha argumentado.

No obstante, ha advertido que la negociación pasa por el reconocer de las fuerzas independentistas del Parlament y JxCat es un actor importante para hacer frente a las negociaciones futuras. "Claro que reivindicamos el papel de todas las fuerzas independentistas. Si todas las fuerzas políticas no pueden participar de esta diálogo, no se podrá encontrar la solución más efectiva", ha subrayado.

Asimismo ha reclamado poder hablar de todo, "sin limitaciones, también de derecho a autodeterminación", para resolver "desde el diálogo un conflicto que es político".

Sobre el resultado de las conversaciones se ha limitado a advertir que queda en el ámbito de los partidos y "cada uno decidirá su rol y sus premisas para poder hacer efectiva la investidura de Pedro Sánchez".

Por otro lado, El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha presentado al Gobierno en una sesión previa el primer plan de derechos humanos de Catalunya, con medidas sistematizadas dirigidas a alcanzar el disfrute mayor de derechos humanos en el país.