La Comisión Europea ha evitado calificar de "terrorista" el movimiento independentista y ha defendido que esta definición corresponde al Estado. La eurodiputada Clara Ponsatí ha sido quien ha difundido el mensaje de Bruselas en sus redes sociales. El texto responde a una pregunta por escrito de los eurodiputados de Junts el abril pasado. En la pregunta, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí acusaban la justicia española de querer criminalizar el movimiento e interpelaban a la Comisión para saber si las acciones de los independentistas coincidían con la definición de terrorismo. En la respuesta, el ejecutivo comunitario considera que se trata de un caso específico que va "más allá de las responsabilidades de la Comisión" y añade que esta tarea corresponde a las autoridades nacionales.

Asesoramiento legal del caso

En el texto, la Comisión Europea solo señala que las directivas europeas establecen "unas reglas mínimas" con respecto a la definición de ofensas criminales y a las sanciones. "Las ofensas relacionadas en grupos terroristas y a actividades terroristas en la Unión Europea incluyen aquellos actos intencionados que pueden dañar seriamente un país o una organización internacional", apuntan al escrito. Con todo, el ejecutivo europeo remarca que los estados miembros pueden ir "más allá de las definiciones de la directiva".

En este sentido, y en referencia a la pregunta de los eurodiputados de Junts, la Comisión considera que esta solicitud requiere "el asesoramiento legal de un caso específico". En este sentido, ha determinado que "el asesoramiento específico va más allá de la responsabilidad de la Comisión; es una tarea de los tribunales nacionales de los estados miembros y, por lo tanto, [...] la Comisión no se encuentra en la posición para dar una respuesta".

Reunión con la Europol en el aire

La respuesta de Bruselas se da en un contexto donde la eurodiputada de ERC, Diana Riba, está pendiente de un encuentro con el comisario de Justicia, Didier Reynders, y la directora de la Europol, Catherine De Bolle. Riba emitió la solicitud el pasado mes de junio, después de que un informe de la Europol incluyera el independentismo catalán como uno de los movimientos "más activos y violentos" en el Estado.

En la misiva enviada a Reynders y De Bolle, Riba expresó su preocupación por esta cuestión recogida en el informe sobre la situación del terrorismo en la UE e insistió en que se trataba de una "clasificación injusta". La eurodiputada denunciaba que "perjudica las herramientas para combatir el terrorismo y asegurar la seguridad dentro de la UE". En este sentido, apuntó que "es crucial que abordemos la cuestión y aseguremos la adecuación y la imparcialidad de la información presentada por los informes de la Europol".