Nueva reclamación y urgente. El penalista Gonzalo Boye ha denunciado que la Audiencia Nacional no informó correctamente al Parlamento Europeo cuando le aseguró que no investigaba al president en el exilio, Carles Puigdemont. La prueba es que el comité de asuntos jurídicos europeo (JURI) denegó la tramitación de la defensa de la inmunidad solicitada por Puigdemont ante las investigaciones de Tsunami Democràtic, el 19 de septiembre pasado, con el argumento de que no tenía ninguna nueva causa abierta, según ha detallado ahora su abogado. Por eso, Boye ha vuelto a presentar un nuevo escrito, este jueves, al juez del caso Tsunami Democràtic, que el lunes anunció que investiga por terrorismo a Puigdemont y a su jefe de oficina, Josep Lluís Alay —y otras diez personas más, como la secretaria de organización de ERC, Marta Rovira—, para que comunique al Parlamento Europeo que "la información con la cual sustentaron la decisión de no defender la inmunidad de Puigdemont era, como poco, errónea, y que, efectivamente, en estas diligencias se lo está investigando". El titular de la Audiencia Nacional, consciente de que tiene que pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo para imputar a Puigdemont, en la resolución del lunes le ofreció que declare de forma voluntaria en el juzgado como investigado.

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El magistrado Manuel García Castellón, en la resolución del lunes pasado, anunció de forma inesperada que investigaba al president Puigdemont, en plenas negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez, que finalmente se ha acordado y anunciaran este jueves el PSOE y Junts. El magistrado mantuvo el secreto de las investigaciones de Tsunami hasta este verano, y se conoció el nombre de la mayoría de investigados, sin que constara el del presidente Puigdemont.

Bloquear la investidura

Además de la imputación, el juez ha hecho investigar ahora a la Guardia Civil si el hombre francés que murió de un ataque cardiaco en el aeropuerto del Prat, el 19 de octubre de 2019, coincidiendo con la protesta de Tsunami, se puede vincular a los organizadores de esta plataforma anónima, creada para impulsar las movilizaciones sociales contra la sentencia del Supremo a los líderes independentistas. Una acción que se ha interpretado como una maniobra para que la causa de Tsunami, investigada por terrorismo, no pueda ser amnistiada porque supuestamente provocó un muerto.

El móvil de Alay

La Guardia Civil ha fundamentado los indicios contra Puigdemont a partir del análisis del móvil de Alay, que lleva la agenda del president. Y en concreto, detalla una reunión en Ginebra el 2019, donde se le habría presentado la acción de Tsunami. Esta es, por ahora, la única prueba que sustentan los indicios contra el presidente en el exilio.

Ahora, Boye ha desvelado, en el escrito presentado al titular del juzgado Central de Instrucción 6, que al saber de esta información por los medios de comunicación (al levantarse el secreto este verano, se explicó el sumario, basado en conversaciones) se pidió que se activara la protección de Puigdemont en el Parlamento Europeo el septiembre pasado, y la Audiencia Nacional le negó que lo investigaba. Aporta como prueba, la comunicación que se hizo al pleno del Parlamento el 2 de octubre pasado sobre este acuerdo de no protección, y que se puede consultar en la web del Parlamento.

El juez de la Audiencia Nacional podría excusarse afirmando que no ha sido hasta ahora que no ha visto claro los indicios contra Puigdemont. La realidad es que el último informe de la Guardia Civil repite lo que ya se sabía de Tsunami, cuando fueron investigados por el juez del caso Volhov, que desde el 2020 busca supuestas irregularidades en la financiación del independentismo, y fue obligado el año 2021 a derivar la parte de Tsunami Democràtic al juez de la Audiencia Nacional.

Las reclamaciones

Boye se ha personado esta semana en nombre de Alay en la causa de Tsunami Democrático, donde ya ha dirigido dos escritos al juez García Castellón, a quien exige que no banalice el terrorismo y si ha seguido los tratados de la Unión. Ahora, indica que hace estas nuevas peticiones para poder garantizar el ejercicio de su defensa del jefe de la oficina del president Puigdemont.

Son: la fecha que se empezó a investigar a Alay y al president Puigdemont; la fecha en la cual el juzgado y la Audiencia Nacional informaron al Parlamento Europeo sobre la inexistencia de procedimiento en contra del jefe de Alay, y que se faciliten estas comunicaciones.

¿Un error o no?

En el escrito, Boye manifiesta que “necesita disponer de esta información para establecer cómo, cuándo, por quién y por qué se ha podido cometer el error de informar equivocadamente al Parlamento Europeo”. Y concluye: “Hablamos de error porque resulta inimaginable que un órgano jurisdiccional como la Audiencia Nacional, conocedora del principio de cooperación leal, hubiera, conscientemente, informado erróneamente al Parlamento Europeo.”