El abogado Gonzalo Boye ha conseguido visitar en su condición de abogado al periodista Pablo González, después de más de un año de encarcelamiento en Polonia acusado de ser un agente de la inteligencia militar rusa. Las autoridades polacas han reconocido finalmente al letrado su condición de abogado del periodista y han permitido que le visite en la prisión de Radom.
Según el abogado, González se encuentra bien, "teniendo presente que lleva más de un año en régimen de aislamiento, saliendo una hora al día al patio, sin contar con visitas de familiares y amigos, privado de libros y materiales de lectura y estudio y, además, sin la necesaria información sobre su caso".
El periodista, que tiene también la nacionalidad rusa, fue detenido el 28 de febrero del año pasado, pocos días después del inicio de la invasión rusa en Ucrania, en lo localidad polaca de Przemsyl, a pocos kilómetros de la frontera. Ocho meses después de ser detenido, el noviembre pasado, lo pudo visitar su esposa, Oihana Goiriena.
Sin acceso a las actuaciones
Desde el entorno de González se ha denunciado pasividad por parte del Gobierno y el ministerio de Exteriores, y la visita que, según Boye ha resultado útil y productiva para poder avanzar en una línea de defensa única, ha sido posible gracias a las gestiones de los abogados polacos que colaboran en el caso.
Con todo, el abogado asegura que sigue sin tener un acceso pleno a las actuaciones que se han emprendido contra su defendido y que, de hecho, este acceso es "muy limitado" lo cual afecta a su derecho de defensa que se ve no ya limitado sino "simplemente suprimido, cuando menos en su vertiente material, efectiva."
Agradecido y emocionado
La visita, sin límite de tiempo -i, según el abogado, con la confianza que se haya respetado el secreto profesional en relación al derecho de la defensa-, ha servido para informar a Pablo González de los múltiples apoyos que ha recibido durante este año, entre los cuales de Amnistía Internacional. "Estaba agradecido y visiblemente emocionado", según el abogado.
El periodista confía en qué haya una rectificación en materia de derechos fundamentales y se le permita un ejercicio efectivo del derecho de defensa "para poder demostrar que los cargos son manifiestamente infundados" y que este caso no es más que un erróneo entendimiento sobre lo que es el derecho a la libertad de información, el secreto profesional y la protección de las fuentes de los periodistas.