El abogado del president en el exilio Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha adelantado que entregará en la Audiencia Nacional pruebas documentales esclarecedoras que "sin duda" lo exculparán del delito de blanqueo de capitales en un caso de narcotráfico por el que ha sido procesado.

El abogado lo ha indicado después de que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón haya propuesto juzgarlo junto con el contrabandista a José Ramón Prado Bugallo, 'Sito Miñanco', y a otras 44 personas físicas más, por su presunta participación en dos operaciones con las cuales pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y para la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga.

En un comunicado de la oficina de prensa del abogado se ha asegurado de que se presentarán, "dentro del plazo y en la forma apropiada", pruebas documentales "lo bastante esclarecedoras que, sin lugar a dudas, exculpan" a Bayo de cualquier responsabilidad en el supuesto delito. Lo harán una vez se analice el procedimiento que ha permanecido secreto casi dos años,

La jueza de la Audiencia Nacional la jueza propone juzgar Boye por un presunto delito de blanqueo de capitales dentro de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial.

Fuentes de la defensa han destacado que este acto no ha sido notificado todavía, pero han asegurado que, una vez analizados los argumentos expuestos en la resolución, recurrirán el procesamiento.

La defensa ha recalcado también que ni por parte de Boye ni de nadie de su despacho, en ningún momento, ha habido blanqueo de capitales" y ha defendido que únicamente se ha hecho "el trabajo que como defensores tal cual lo establece el Estatuto General de la Abogacía Española y lo refuerza la misma ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales, ya que el artículo 2.1 *ñ) los excluye de ser sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales".

La oficina ha recordado que la misma ley establece que los abogados "no estarán sometidos a las obligaciones establecidas en los artículos, 7, 3, 18 y 21 con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes, incluido el asesoramiento y la defensa sobre la incoación o la manera de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido esta información durante, antes o después del proceso, y guardarán el deber de secreto profesional para la defensa de la misma esencia del derecho y conforme a la legislación vigente".

Los 'correos humanos'

La jueza Tardón ha concretado en 72 páginas que el supuesto entramado escondía los beneficios generados por la venta de la droga.

Otra forma de ocultar las ganancias era transportar el dinero que realizaba los miembros de la organización figurando como una "actividad instrumental para alimentar los ingresos de sus empresas" o utilizando "correos humanos" para hacerles llegar hasta Colombia.

La magistrada, además de relatar cómo se llevaban a cabo las operaciones de los 'correos humanos', destacó que el 6 de febrero de 2017 diversos de los investigados fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas cuando transportaban 889.620 euros escondidos en el fondo de su equipaje.

De esta forma, se explica como ante esta aprehensión, los narcotraficantes García Arango y Manuel Puentes Saavedra, quien también está procesado y coordinaba a través de "personas de confianza" los desplazamientos de dinero hasta Colombia, iniciaron las acciones para recuperar el dinero que pertenecía a Sito Miñanco.

La supuesta participación de los abogados

Este fue el contexto en el que Gonzalo Boye entró en escena. Puentes Saavedra, Prado Bugallo y García Arango mantuvieron un encuentro con los abogados Gonzalo Boye y Jesús Morán en el que les informaron de que elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio que servirían supuestamente para justificar el origen legal del dinero intervenido.

De acuerdo con el que consigna la documentación confeccionada por los abogados, otro de los procesados, Manuel Pedro González Rubio, las habría adquirido y vendido en terceros unos días antes de la aprehensión del dinero en Barajas. No obstante, según la jueza, este negocio "no presentaba ninguna lógica comercial, ya que en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente González Rubio las vendió, y en otros la letra era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía".

Por tanto, la jueza de la Audiencia concluye que Boye, González y el también abogado Alejandro Guerra Medina, con la participación de Lara Bolarín, "diseñaron y confeccionaron los documentos con el fin de simular que González Rubio había vendido estas letras de cambio días antes de la aprehensión y las presentaron en el expediente sancionador sabiendo su falsedad y que las operaciones de compraventa eran ficticias, con el fin de recuperar el dinero intervenido y ocultar que lo mismo procedía del narcotráfico en última instancia", y eran conscientes de la existencia de estas letras cambiarias y el carácter ficticio de la operación comercial.