Acciones contra el Estado español por vulneración del derecho de la Unión. Es la acción que ha anunciado el abogado Gonzalo Boye, en nombre del president Carles Puigdemont, en su escrito presentado este martes ante el Tribunal de Cuentas (TCu), a quien le insiste en que aplique la ley de amnistía a Puigdemont y a los 35 excargos de los governs de Junts y ERC demandados por el gasto del 1-O, tal como le respondió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el pasado 16 de julio.
La consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez no hizo caso de la respuesta pedida al tribunal europeo y en dos providencias, de este septiembre, ha denegado buscar fondos europeos en el gasto del 1-O, pero ha vuelto a dar un nuevo trámite de cinco días para que los codemandados se manifiesten sobre la aplicación de la ley de amnistía. En la última resolución, comunicada este lunes, la consejera ha rechazado haber sido interpelada por el TJUE y Boye le contesta que ha "reinterpretado" la resolución del TJUE, hecho —advierte— que puede incurrir en "infracción" y sanción al Estado español. El penalista ya denunció esta irregularidad a la Comisión Europea. "La sentencia del TJUE no se interpreta", le espeta el penalista a la consejera.
La Generalitat no se siente perjudicada
En el escrito, de 22 páginas, el abogado recuerda que en el procedimiento del Tribunal de Cuentas por el 1-O y el gasto exterior, en fase de actuaciones previas, se adoptaron medidas cautelares consistentes en una fianza de 4.146.274,97 euros y una garantía bancaria de 5.422.411,10 euros del Instituto Catalán de Finanzas, impulsada por el exconseller Jaume Giró. Dinero todavía inmovilizado en la cuenta bancaria del TCu. En la causa también son codemandados el presidente Artur Mas y el líder de ERC, Oriol Junqueras, y varios exconsellers.
Boye insiste en que la responsabilidad contable del 1-O se tiene que archivar porque la Generalitat de Cataluña, ahora gobernada por el PSC y supuesta perjudicada, recientemente ha reiterado al Tribunal de Cuentas que no tuvo perjuicios con las acciones hechas. También recuerda que la Fiscalía ha exigido al Tribunal de Cuentas que aplique la norma del olvido penal a la causa puesto que no hay ninguna de las excepciones fijadas en la norma.
Crítica a SCC
El abogado de Puigdemont también hace referencia en el escrito de Sociedad Civil Catalana (SCC), impulsora de la demanda del 1-O, y que ahora reclamaba al TCu que buscara fondos europeos en el Referéndum Independentista, a pesar de que el TJUE las ha negado. "Bajo una apariencia de moderación , SCC persigue el mismo resultado que anunció públicamente su vicepresidenta tres días antes de la providencia de 20 de julio de 2026: reabrir la contabilización de los gastos y demorar la aplicación de una ley la conformidad de la cual con la Constitución y con el Derecho de la Unión ha sido declarada".