La Generalitat ha presentado este viernes a primera hora un escrito ante el Tribunal de Cuentas como entidad del sector público presuntamente perjudicada por la causa abierta por el 1-O y los gastos de la acción exterior del Govern durante el procés. En el escrito, según ha hecho saber el ejecutivo en un comunicado, se pide que se aplique la amnistía a este procedimiento y el levantamiento de las medidas cautelares vigentes. Esta causa afecta a los presidents Carles Puigdemont y Artur Mas y 33 excargos de sus gobiernos a raíz de la organización del referéndum de 2017 y los gastos de promoción en Catalunya en el exterior entre los años 2011 y 2017.
El escrito expresa la conformidad con la extinción de las responsabilidades contables derivadas de los hechos examinados en este caso, con el argumento de que a la luz de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional corresponde aplicar la ley de amnistía y dictar la correspondiente resolución absolutoria. Pide, además, que se resuelva dentro del plazo legalmente previsto.
Cierre definitivo
Según el comunicado del Govern, la presentación de este escrito "responde a la voluntad de la Generalitat de ejercer las facultades que la ley le reconoce expresamente y de contribuir al cierre definitivo de uno de los últimos procedimientos de responsabilidad contable todavía pendientes vinculados al procés".
El Tribunal de Justicia de la UE avaló el jueves de la semana pasada la ley de amnistía y concluyó que los gastos derivados del procés no afectaron a los presupuestos de la Unión.
Este lunes el Tribunal de Cuentas acordó reabrir la causa, que había quedado en suspenso mientras el TJUE resolvía sobre las cuestiones prejudiciales que se le habían planteado. Además, abrió un periodo de alegaciones de diez días para que las partes se posicionen y aporten documentación que consideren pertinente en relación con el origen de los fondos utilizados para organizar el referéndum del 1-O.
La decisión del Tribunal de Cuentas de pedir nueva documentación en lugar de aplicar la ley provocó la respuesta de la defensa de Puigdemont que presentó un escrito ante la Comisión Europea denunciando que este órgano jurisdiccional del Estado español no acata las decisiones del tribunal de Luxemburgo. La Comisión Europea respondió al día siguiente recordando a España que tiene la obligación de aplicar la sentencia.