La defensa de la diputada de JxCat Laura Borràs ha presentado ante el Tribunal Supremo el informe de la auditoría de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión de la Institució de les Lletres Catalanes en 2018 como prueba de que "no existe ninguna actuación perseguible ni administrativa ni penalmente" en los contratos menores de 2016 y 2017.
Borràs está siendo investigada por el Supremo bajo la acusación de haber fraccionado contratos entre los años 2013 y 2017 como directora de la Institució de les Lletres Catalanes, para poder hacer diferentes adjudicaciones a una misma persona, situándolos por debajo de los 18.000 euros y evitando así tener que someterlos a licitación pública.
La defensa de Borràs, en manos de Isabel Elbal y Gonzalo Boye, argumenta que cuando el pleno de la Sindicatura detecta alguna actuación perseguible judicial o administrativamente, lo tiene que hacer constar en su informe y tiene que trasladar la información a la instancia que corresponda.
"Si el pleno de la Sindicatura de Cuentas hubiera tenido la más mínima duda sobre la posible existencia de una irregularidad constitutiva de una actuación perseguible en vía administrativa o penal, así lo habría hecho constar en su informe", destaca.
Por todo ello, advierte que insistir en criminalizar los contratos menores de los años 2016 y 2017 es tanto como poner en duda el rigor, profesionalidad, honradez, imparcialidad e independencia de la propia Sindicatura.
El escrito admite que la Sindicatura ha señalado que a cinco adjudicatarios se les hicieron contratos menores sucesivos en los que se habría incumplido la normativa, pero concluye que sólo uno de estos contratos ha sido calificado como fraccionado por la Sindicatura, que se trata de un fraccionamiento que "bajo ningún concepto" es constitutivo de infracción administrativa ni penal; y que, de hecho, la propia Sindicatura utiliza la misma práctica, según se puede comprobar en el Portal de la Transparencia, sostiene el texto.