La portavoz de JxCAT en el Congreso, Laura Borràs, ha reprochado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se niegue a hacer público el coste de la protección al rey emérito, y le ha advertido de que "la Corona española disfruta de un grado de protección impensable e inaceptable en democracias consolidadas". En su respuesta, Marlaska ha evitado una vez más aportar cifras aduciendo que no existe ninguna partida presupuestaria específica para esta cuestión. En todo caso ha afirmado que, contrariamente a lo que ha apuntado Borràs, España es vista en el mundo "como una democracia perfecta donde todas las instituciones rinden cuentas en parámetros de legalidad".

Durante la sesión de control en el Congreso, Borràs ha recordado a Marlaska que los ciudadanos "tienen derecho a saber cuánto les cuesta la protección del rey emérito mientras está campechanamente instalado en los Emiratos Árabes".

"Lo que es incalculable es el precio que el Estado está dispuesto a pagar desde el punto de vista del prestigio internacional para proteger un rey que ya tuvo que abdicar y que ahora ha tenido que emigrar", ha dicho la portavoz de JxCAT. Según Borràs, "que el anterior jefe de Estado huya, y huya además a lo que muchos denominan el lugar del crimen, una dictadura, es escandaloso y es la peor imagen internacional para España".

En su respuesta, Marlaska ha apelado a la "responsabilidad" para justificar la falta de información sobre el coste del dispositivo. "No daré ningún dato, como no lo daría de la seguridad de ninguna autoridad", ha dicho antes de insistir en que no hay ninguna partida específica asignada a la protección del exjefe del Estado.

Según Marlaska, JxCAT hace un esfuerzo "en vano" para "difuminar la realidad y potencia de la democracia española". "Cuando acabemos este control, España seguirá siendo vista fuera como una de las democracias de mayor calidad en el mundo, y no como un estado fallido o una democracia imperfecta, como pretenden, sino como una democracia perfecta donde todas las instituciones rinden cuentas en parámetros de legalidad".

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