Hace unas semanas, la presencia de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya y EH Bildu a la comisión de secretos oficiales no parecía probable, por el veto del PP a la presencia de representantes independentistas. Ahora, después de que ha estallado el CatalanGate, el Gobierno se ha apresurado a asegurar no solo la constitución inmediata de la comisión de secretos oficiales, sino la participación de todos los grupos políticos. Con el fin de asegurar esta presencia, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto a la Mesa de la cámara una rebaja de las mayorías que se exigen para acceder a la denominada comisión de secretos oficiales, bajando el listón del 210 a mayoría absoluta (176 diputados). Todo intenta calmar la reacción independentista ante el espionaje masivo al cual ha sido sometido, según ha destapado Citizen Lab.
De esta manera se abrirá la puerta a la inclusión en esta comisión de ERC, Junts y, por primera vez, EH Bildu, ya que habrá bastante con los diputados que dan apoyo al gobierno para elegir los miembros. En la reunión entre el ministro Fèlix Bolaños y la consellera Laura Vilagrà, este fue uno de los hechos que el Gobierno aseguró a la Generalitat. Para tal cosa, se modificará la resolución de Presidencia que firmó el socialista Manuel Marín en el 2004.
La comisión de secretos oficiales es la única institución que puede tener acceso a las actividades del CNI, que por la ley que regula el centro no las puede hacer públicas en ningún sitio más. La comisión de secretos oficiales tiene naturaleza de secreta, y sus miembros tienen prohibido hacer pública ninguna de las cuestiones que se abordan, recuerda la ACN.
Robles, al punto de mira
Prometidas para constituir la comisión de secretos oficiales e impulsar una investigación interna, sin embargo, por ahora, el Gobierno esquiva señalar culpables o asegurar dimisiones. En cambio, el independentismo sí que lo requiere. Las miradas se concentran sobre Margarita Robles, ministra de Defensa, quien tiene actualmente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) bajo su responsabilidad. Las formaciones independentistas en el Congreso de los Diputados han coincidido este martes al señalar en Robles, pidiendo explicaciones o una dimisión.
El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha puesto una fecha límite: 48 horas para que se den explicaciones sobre el CatalanGate. Son las horas que se quedan antes de la votación del jueves del paquete de medidas que presentará el Gobierno ante la guerra de Ucrania, un paquete que ERC ha advertido que puede estar en peligro dependiendo de la respuesta del Ejecutivo al corriente de espionaje masivo. Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, también ha denunciado la actuación del gobierno de Sánchez ante el caso de espionaje y ha reclamado que "se investigue y se depuren responsabilidades". Finalmente, la portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ha afirmado que a su formación no les sirve la respuesta que ha dado hasta ahora el Estado español.