La defensa de la consellera Dolors Bassa ha presentado un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que la condena a 12 años de prisión por sedición. Uno de los argumentos principales es que el tribunal le atribuye erróneamente la titularidad del Departamento de Ensenyament, cuando Bassa era consellera de treball, Assumptes Socials i Famílies. Por lo tanto, continúa, ella no era la responsable de los puntos de votación del 1-O, que en gran medida eran escuelas.

La defensa remarca que no sólo no puso a disposición del referéndum los centros que dependen del Departamento de Enseñanza, sino que la Dirección General de Acció Cívica i Comunitària de su conselleria recordó que había que cumplir las órdenes judiciales, de forma que los centros cívicos que quisieran abrir durante el fin de semana tenían que cerrar el día 1 de octubre a las 6 de la mañana.

"No se trata este de un mero error material, sino que determinando para establecer la responsabilidad de Bassa, ya que su condena se ha basado en hechos de otro, de la titular real del Departamento de Ensenyament," continúa el escrito de la defensa de la consellera.

La sentencia apunta literalmente que Bassa "retiró a los funcionarios de Enseñanza y de Trabajo, departamentos de los cuales era titular, la competencia sobre los centros de votación, asegurándose la disponibilidad de los centros." Con respecto a la campaña 'Escuelas Abiertas', considera que no se ha probado la participación de Bassa en la misma, e insiste en que era una iniciativa popular ajena al Govern.

Huelga general del 3-O

La defensa subraya que tampoco firmó las órdenes relativas a los servicios mínimos de las jornadas de huelga general, aunque recuerdan que eran convocatorias legales. Insiste en que la huelga general fue convocada por la Taula per la Democràcia, no por el Govern, y que después otras instituciones se adhirieron al llamado 'Paro de país', pero no a la huelga. Por estos argumentos, el escrito reclama una nueva sentencia que absuelva Bassa del delito de sedición o como mínimo una rebaja de la pena.

La defensa también se queja de que se ha vulnerado el derecho a un procés con todas las garantías, ya que una de las pruebas que pidieron y que se aceptaron, la información por parte del Govern del proyecto 'Conéctate al Voluntariado', finalmente no se llegó a ejecutar por un error del tribunal, que se dirigió erróneamente a un departamento de la Generalitat que no era el competente. Esta prueba, continúa, hubiera demostrado que Bassa no era la responsable de ninguna plataforma de voluntarios como instrumento al servicio del referéndum.

Quejas

En general, el escrito se queja que el Supremo no ha tenido en cuenta varias pruebas yBassa recordando que había que cumplir con las órdenes judiciales y policiales el 1-O.

El incidente también pone en duda que lo que sucedió el 20-S y el 1-O se pueda enmarcar en el delito de sedición. Niega ningún alzamiento violento y que las acciones de los miembros del Govern tuvieran eso como objetivo. En este sentido, subraya que los llamamientos de los consellers a participar en el referéndum nunca incluían incitaciones a realizar ningún acto violento.

Asimismo, considera desproporcionada la pena impuesta a la consellera, y señala que es comparable con un homicidio aunque no se produjo violencia ni se esgrimieron armas.