Aunque la opinión mayoritaria de los Ayuntamientos socialistas de las comarcas de la Catalunya Central es la de seguir las directrices del partido y no colaborar en el referéndum del próximo 1 de octubre si no tiene garantías legales, algunos alcaldes se han desmarcado por diferentes motivos.
Es el caso de Vallbona d'Anoia, donde gobierna al PSC en coalición con CiU y el grupo Units por Vallbona-Veïns con Voz. Su alcaldesa, Maribel Ferrer, ha admitido a la ACN que no se puede oponer al referéndum porque "dentro del gobierno ganan los que están a favor" y, por lo tanto, si fuera necesario cederían locales municipales.
En el caso de Castellbell i el Vilar (Bages), la alcaldesa Montse Badia ha expuesto que, dado el caso de que el Govern pida un local municipal para hacer las votaciones, el consistorio "no pondrá ningún inconveniente" y "seguiremos el mismo procedimiento que hacemos con cualquier otra entidad que nos pide un espacio".
¿Y el resto?
En las comarcas centrales la opinión mayoritaria de los alcaldes socialistas es de quedar a la espera de que se convoque oficialmente el referéndum y, acto seguido, pedir un informe jurídico al secretario municipal para decidir qué margen de actuación tienen los Ayuntamientos.
En Osona, el alcalde de Masies de Voltregà y secretario de los socialistas en la comarca, Sergi Vilamala, ha señalado que en el momento que se convoque oficialmente el referéndum se pedirán informes al secretario municipal y al Consejo de Garantías Estatutarias, aunque ha expresado que no quiere hablar sobre "casos hipotéticos".
De su banda|lado, la concejala de Manlleu, Marta Moreta, que está en el equipo de gobierno junto con ERC y MES, ha explicado que antes de fijar ninguna posición esperarán la convocatoria oficial y, acto seguido, pedirán un informe para que dictamine si el referéndum tiene "conformidad con la ley vigente".
Locales municipales
Desde el Bages, el primer secretario del PSC en el territorio y alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, ha dejado claro que desde el partido no darán apoyo "a todo aquello que no sea legal" y ha explicado que "no se puede poner contra las cuerdas según qué gente". Con todo, Gimeno ha afirmado que desde el consistorio tomarán una determinación cuando el Govern "firme el decreto de convocatoria" porque "hasta ahora lo único que han hecho es una comunicación mediática, pero ni ellos mismos se atreven a firmar el decreto de convocatoria".
De su banda|lado, el alcalde de Borredà (Berguedà), Joan Roma, ha explicado que una vez se convoque formalmente el referéndum pedirán un informe jurídico a los técnicos del consistorio y, si hace falta, "también lo pediremos a la Diputación de Barcelona". "Tenemos que estar seguros de que cualquier paso se dé con toda la legalidad para proteger a los funcionarios", ha aclarado Roma.
En la Anoia, el primer secretario de los socialistas y alcalde de Òdena, Francisco Guisado, ha dicho que las directrices del partido "son claras" y ha dejado claro que "no se puede volver a repetir un 9-N, sino que tiene que ser un referéndum pactado y legal". "Si la convocatoria tiene legalidad, haremos el qué nos toca como administración, pero si no es legal no lo avalaremos", ha aclarado Guisado, que también expresado que si la convocatoria "no es legal" el consistorio no cederá ningún local municipal. De la misma opinión son los alcaldes de Cabrera de Anoia y Hostalets de Pierola, Salustià Monteagudo y Daniel Vendrell, que han asegurado que seguirán, los criterios que dicte el informe jurídico del secretario municipal.
También se ha pronunciado el alcalde de Blanes, Miquel Lupiánez, ha dicho en Els Matins de TV3 que "si se hace en dependencias que no son municipales, no pondré palos en las ruedas".