La Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha reaccionado a la amenaza de multas de hasta 300.000 euros en los miembros de las mesas electorales lanzada esta mañana por la Agencia Española de Protección de Datos.
Según la agencia catalana, los miembros de las mesas electorales del referéndum del 1 de octubre "no son responsables del tratamiento de los datos personales, ya que tal condición la ostenta la administración electoral correspondiente", razón por la cual "las eventuales responsabilidades derivadas del tratamiento de datos personales llevado a cabo por las personas que integran las mesas no recaería nunca en estas personas". Por lo tanto, se niega a que los miembros puedan ser objeto de sanciones.
Además, se acuerda de que "la administración electoral competente en el referéndum del 1 de octubre forma parte de la Generalitat de Catalunya" y por lo tanto, el "control de los tratamientos de datos personales" corresponde a la Autoridad Catalana de Protección de Datos.