Marta Rovira, secretaria general de ERC y portavoz parlamentaria de Junts pel Sí, forma parte de una segunda serie de investigados en la causa contra el procés. Rovira declaró el 19 de febrero del 2018 acusada de organizar el referéndum.

La exdiputada explica a lo largo de una hora y media que el Parlamento de Catalunya buscó el marco legal para garantizar el referéndum del 1-O y la negociación con el Gobierno a fin de que fuera pactado. "El 1-O escenificó un compromiso democrático y acercaba a una vía de negociación para pactar con el Gobierno del Estado", dice Rovira respondiendo las preguntas de la fiscal que la interroga durante una hora.

Rovira explica su inviolabilidad como parlamentaria y que se estudió desde la Cámara catalana como fundamental la ley del referéndum. Sube el tono para declarar: "Antes que independentistas somos demócratas y pacifistas". Explica cómo el mismo día 1 de octubre, ante la violencia policial puso sobre la mesa suspender la votación. Explica también cuán complicado podía llegar a ser llevarlo a cabo ante la alta participación que ya había.

La secretaria general de ERC destaca en todo momento el gesto político que representaba el 1-O y la oportunidad que abría para favorecer la mediación internacional. Admite que el 27-O la declaración tuvo un recorrido hacia unas nuevas elecciones.

 

Rovira salió en libertad después de declarar, a pesar de que la fiscalía pedía prisión incondicional. Pablo Llarena fijó una fianza de 60.000 euros a pagar los días siguientes, lo que le evitó el ingreso en prisión a la secretaria general de ERC. Un mes después era procesada por rebelión. Rovira estaba citada en abril para declarar después de iniciado su procesamiento, pero la noche antes se marchó al exilio y estableció su residencia en Suiza, donde semanas antes también se había marchado Anna Gabriel, exdiputada de la CUP.