Todos los poderes del Estado cierran filas ante la persecución del independentismo: circulen, aquí no ha pasado nada. Hace casi un mes, ya se conoció públicamente el informe del Ministerio del Interior, que justificaba la infiltración de policías nacionales en organizaciones juveniles independentistas recurriendo a paralelismos con el terrorismo. Hace diez días eran el PSOE y Unidas Podemos los que impedían, en el Congreso de los Diputados, la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska para dar explicaciones. Y esta misma semana, la justicia ha dado carpetazo al asunto: la Audiencia Nacional ha desestimado la demanda que habían presentado Òmnium Cultural y dos de las entidades infiltradas (Jovent Republicà y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans) contra el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska por vulneración de derechos fundamentales. Òmnium avanza que van a recurrir la decisión.
En el auto de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, la sala de lo contencioso-administrativo argumenta, básicamente, que no es competente para "un pronunciamiento cautelar o de futuro" como piden las entidades independentista. En esta línea, los jueces añaden que "las actuaciones que se imputan al Ministerio del Interior constitutivas de vía de realizar ya habrían cesado", como indicaba la Abogacía del Estado, y que por eso aún menos sería de su incumbencia. Es por todo esto que se desestima el recurso y se impone a los recurrentes el pago de las costas causadas.
Fuentes de Òmnium Cultural señalan que en estos momentos se están estudiando las vías para presentar un recurso contra la decisión, porque los argumentos del tribunal para desastimar "son poco consistentes". La defensa de la entidad va a cargo del abogado Benet Salellas, que previsiblemente presentará un recurso de reposición ante la misma sala y después acudirá al Tribunal Supremo.
Infiltración e intento
Fue el pasado 7 de junio cuando el semanario La Directa reveló que un policía nacional menorquín, que actuaba bajo la identidad falsa de Marc Hernàndez Pon y se hacía pasar por mallorquín, se había infiltrado activamente en el movimiento estudiantil universitario, concretamente en el Sindicat d0Estudiants dels Països Catalans (SEPC), así como en el movimiento por el derecho a la vivienda del Barri Gòtic y en el movimiento popular vecinal del Eixample Esquerra. En este caso, un año después de ser nombrado funcionario, en junio del 2020, cuando justo empezábamos a salir del confinamiento duro por la pandemia y esta había provocado estragos en muchas familias, entró por primera vez en el activismo de la izquierda independentista, donde militó durante dos años hasta que fue descubierto.
Veinte días después, se conoció un segundo caso, que afectaba a Jovent Republicà, las juventudes de Esquerra Republicana. No llegó a culminarse la infiltración, sino que fue un intento de captación por parte de la policía española. Fue el mismo joven objetivo del reclutamiento por parte de dos supuestos agentes del Departamento de Seguridad Nacional quien denunció los hechos y llegó a grabar parte de sus encuentros con los hombres como prueba.
¿Qué decía el informe del Ministerio?
La Audiencia Nacional ha hecho suyas las alegaciones del Ministerio del Interior. En el documento hecho llegar al tribunal, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska remarcaba que se considera "legítimo, idóneo y oportuno" infiltrar a agentes en los movimientos juveniles para captar información y lo vinculaba directamente con las prácticas habituales en la prevención del terrorismo sobre la base de, según el ministerio, supuestas acciones y estrategias violentas del independentismo: "personas que pertenecen al mundo asociativo independentista, englobando una amplia gama de asociaciones, coadyuvan a la consecución ilegal de la independencia de Catalunya, llegando a realizar en algunos casos acciones de tipo radical-violento dentro del marco de la estrategia global secesionista". Sobre las técnicas utilizadas por la monitorización policial de estos movimientos juveniles, desde el Ministerio se justificaba señalando que son tácticas recogidas en los protocolos antiterroristas.