Negativa sin sorpresa. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la personación de la Generalitat de Catalunya como acusación particular en la pieza separada del caso del 3% en la que se investiga la posible financiación ilegal de Convergència Democràtica de Cataluya (CDC), partido en concurso de creditores, a través de la productora audiovisual Triacom. En una providencia, comunicada hoy, el magistrado argumenta, como expone el fiscal en su informe, que “la Generalitat no ha acreditado su condición de ofendida o perjudicada ni ha aportado datos para apreciarla”. Además, como sostiene el fiscal José Grinda, señala que “en la Generalitat hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa”, refiriéndose a Junts i PDeCat.
El presidente del Govern, Pere Aragonès, ordenó por carta al director del gabinete jurídico de la Generalitat que pidiera personarse como acusación particular en la pieza de Triacom sobre la presunta financiación irregular de Convergència. En esta pieza se investiga un supuesto pago de comisiones por parte de empresarios al partido extinto a través de la productora audiovisual Triacom, dirigida por Oriol Carbó. Se estima que se destinaron más de 30 millones de euros. En la carta, Aragonès ha argumentado que, "en caso de ser acreditados", los delitos perjudicarían "a la Generalitat de Catalunya y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales", y que, por lo tanto, "se considera procedente" que la Generalitat se persone como "acusación particular". No obstante, el juez de la Audiencia Nacional ya rechazó que la Generalitat se personara como perjudicada en el caso central del 3%, donde se investiga empresarios por pagar aportaciones a las fundaciones de Convergència para obtener obras públicas o estar bien posicionadas. Esta petición fue realizada por el presidente Quim Torra.
El caso 3%
La causa Triacom, vinculada a la presunta financiación ilegal del partido disuelto, investiga supuestos pagos a esta empresa, que produjo programas como El Gran Dictat, entre otros. La sospecha es que a través de esta productora se escondían aportaciones, comisiones o pagos a Convergència, por un total de 31,3 millones de euros entre 2008 y 2016. El modus operandi implicaría la creación de facturas falsas para destinar fondos a otras causas, como la financiación de campañas electorales. En la carta, Aragonès considera que el presunto "fraude contra las administraciones públicas, malversación, tráfico de influencias o soborno" derivado de este caso implicaría directamente instituciones públicas, hecho que justificaría la acusación particular por parte de la Generalitat.
La investigación del caso de corrupción del 3% está finalizada y pendiente que la fiscalía Anticorrupción presente el escrito de acusación y las penas que sol·licita. En concreto, ha investigado al exdiputado en el Parlament y exconseller Germà Gordó así como a dos extesoreros de CDC, además de varios empresarios, por los delitos como cohecho, prevaricación, alteración de precios de concursos públicos, malversación de fondos públicos, fraudes y exacciones ilegales, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos.