El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha ordenado por carta al director del Gabinete Jurídico de la Generalitat que haga de acusación en el caso 'Triacom' sobre la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya, avanza El Periódico. Esta causa, paralela al 'caso 3%', investiga un supuesto pago de comisiones por parte de empresarios al partido a través de la productora audiovisual Triacom, dirigida por Oriol Carbó. Según el documento al cual ha tenido acceso el medio, Aragonès ha argumentado que, "en caso de ser acreditados", los delitos perjudicarían "a la Generalitat de Catalunya y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales", y que, por lo tanto, "se considera procedente" que la Generalitat se persone como "acusación particular".
Acusación particular
Según ha adelantado el diario citado, los servicios jurídicos de la Generalitat han enviado formalmente al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedaz, la petición para presentarse como acusación particular en esta causa. Entre los documentos enviados se incluye la carta donde Aragonès ha ordenado al director del gabinete, Francesc Esteve Balagué, que la Generalitat comparezca "en representación y defensa" de la institución. En la carta, el presidente reconoce que ha recibido la información sobre el caso "a través de varios artículos publicados por medios de comunicación", y que, si bien existen limitaciones "derivadas de no tener información más detallada de esta causa, de la información de los medios de comunicación se desprende que el objeto de la investigación comprendería hechos que afectarían a los intereses y la esfera jurídica de la Generalitat". Después de recibir el escrito del director del gabinete, el juez habría pedido al fiscal que corroborara el ejercicio de la acusación por parte de la Generalitat.
Caso 'Triacom'
La causa 'Triacom', vinculada a la presunta financiación ilegal del partido disuelto, investiga los hechos que rodean la empresa Triacom, que produjo programas como 'El Gran Dictat', entre otros. La sospecha es que a través de esta productora se escondían aportaciones, comisiones o pagos a Convergència, por un total de 31,3 millones de euros entre 2008 y 2016. El modus operandi implicaría la creación de facturas falsas para destinar fondos a otras causas, como la financiación de campañas electorales. En la carta, Aragonès considera que el presunto "fraude contra las administraciones públicas, malversación, tráfico de influencias o soborno" derivado de este caso implicaría directamente instituciones públicas, hecho que justificaría la acusación particular por parte de la Generalitat.