El cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por parte del ministro Fernando Grande-Marlaska fue legal. Así lo ha concluido la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que ha declarado que la destitución se hizo de conformidad a derecho. Pérez de los Cobos fue cesado por Marlaska como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid después de que este se negara a darle información judicializada sobre el caso 8-M, de la autorización administrativa de la manifestación feminista a pesar de la pandemia de la covid. El Gobierno argumentó pérdida de confianza. Pérez de los Cobos también es conocido por haber comandado el operativo de la policía española contra el referéndum del 1-O.
Ahora, con una sentencia unánime de los magistrados de la sala quinta de la sala de lo contencioso-administrativo, se estima el recurso de apelación que presentó la Abogacía del Estado en representación del Ministerio del Interior. Con la resolución aprobada hoy se revoca la sentencia del pasado 31 de marzo, que daba la razón al coronel, anulaba el cese y obligaba a restituirlo.
Para justificar su decisión, la Audiencia Nacional invoca sentencias anteriores sobre las normas aplicables y los criterios para resolver impugnaciones de ceses y nombramientos en destinos de libre designación a la Guardia Civil. Y según los magistrados hay que distinguir entre la idoneidad para ocupar el cargo —"que en este caso no se discute"— y la confianza que le deposita la autoridad que nombra y cesa un cargo de libre designación. De esta manera, "descartada la existencia de desviación de poder, se constata que la decisión del cese del señor Pérez de los Cobos tiene suficiente motivación". En este sentido, la sentencia recuerda que "la pérdida de confianza es por la 'no información' del 'desarrollo', no del contenido de 'investigaciones y actuaciones' llevadas a cabo por la Guardia Civil".
Y la sentencia concluye: "Habiendo quebrado la confianza, no tiene sentido la declaración de reincorporación al destino, manteniendo al interesado en el mismo e imponiendo una relación profesional sustentada, además de en motivos reglados (idoneidad), también, en esa circunstancia subjetiva, como hemos declarado, es decir, por la pérdida de la confianza, cualidad que acompaña y mediatiza el nombramiento para dicho cargo y destino".
La manifestación del 8-M
Marlaska lo destituyó por negarse a darle información judicializada sobre el caso 8-M de 2020 en Madrid, por la autorización administrativa de la manifestación feminista a pesar de la pandemia de la covid. Aunque Interior no confirmó oficialmente el motivo del cese, fuentes conocedoras de esos motivos apuntaban al informe que la Guardia Civil envió al juzgado de instrucción 52 de Madrid en la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido la manifestación. La causa fue finalmente archivada.