La Audiencia Nacional hará una resolución en la que dictará “el sobreseimiento libre de la causa para Jordi Pujol Soley por falta de capacidad cognitiva y de defensa”. Así lo ha anunciado el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, este lunes en la fase de conclusiones del juicio. El tribunal “expulsó” al president Pujol de la causa contra su familia por tener dinero en Andorra hace un par de semanas después de hacerlo ir a Madrid y examinarlo personalmente. El tribunal tenía pendiente aprobar la resolución y ha anunciado verbalmente qué pondrá.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción, Fernando Bermejo, ha declarado que mantiene las peticiones de las penas solicitadas para los hijos del president Pujol: 29 años de prisión a Jordi Pujol Ferrusola, 14 años a Josep Pujol Ferrusola y ocho años de prisión a cada uno de los cinco hermanos restantes.  Además, pide 17 años de prisión para Mercè Gironès, exmujer del hijo mayor de Pujol, y cinco años de prisión para cada uno de los nueve empresarios acusados. A todos, les acusa del delito de blanqueo de capitales, y a los Pujol Ferrusola de asociación ilícita, al sostener que la familia se conjuró para cobrar comisiones ilegales a empresarios cuando su padre era president de la Generalitat, aunque no se ha aportado ninguna adjudicación irregular. Además, el fiscal acusa a Jordi, Josep y Mercè de delito fiscal, y conjuntamente con los empresarios del delito de falsificación documental.

El único cambio de la Fiscalía es la retirada de la acusación al president Pujol, visto el acuerdo del tribunal, y la del empresario Carles Vilarrubí, por su muerte súbita. La Abogacía del Estado también mantiene sus acusaciones a Jordi, Josep, Mercè y a ocho empresarios, ya que la ha retirado para el empresario andorrano Francesc Robert Ribes.

Dilaciones indebidas

Los abogados defensores también han mantenido su petición de absolución para los diecisiete acusados. Además, han pedido que se les apliquen dilaciones indebidas, si son condenados, es decir, que se les rebajen las penas, puesto que el procedimiento, con sus imputaciones, se inició entre los años 2012 y 2014, y no han sido juzgados hasta ahora, 12 años después.

El juicio en la Audiencia Nacional continúa mañana, y con sesiones hasta el jueves, con la exposición por parte de los informes de las acusaciones y las defensas.

Adjudicaciones con el tripartit

La sesión de este lunes se ha iniciado con el interrogatorio de los cuatro últimos empresarios acusados pendientes de declarar. Todos han asegurado que los pagos a Jordi Pujol Ferrusola eran legales y por tareas de intermediación en negocios; no por comisiones ilegales. 

En este sentido, Luis Delso, expresidente del grupo Isolux, y Josep Cornado, expresidente de Copisa, han explicado que durante la instrucción no se les cuestionó ninguna obra pública adjudicada por el Govern, pero que después se expresó de forma genérica en los escritos de acusación. Han añadido que, además, del 2000 al 2010, obtuvieron más adjudicaciones del Govern tripartito, con los socialistas, que no de CiU, hecho que rompe la hipótesis acusatoria principal.