La Audiencia de Barcelona vuelve a marcar el impulso y los límites para aclarar el espionaje del CatalanGate. La sección séptima de la Audiencia de Barcelona ha dado la razón al abogado Andreu van den Eynde y ha revocado que la policía judicial examine su móvil para aclarar si fue espiado con el software Pegasus, cuándo llevaba la defensa del líder de ERC, Oriol Junqueras, en la causa del procés. La titular del juzgado de instrucción 24 de Barcelona, que investiga la querella de Van den Eynde, junto con la del eurodiputado Jordi Solé, aprobó la petición del fiscal de delitos informáticos que los dos aportaran los aparatos para ser examinados por la policía judicial, a pesar de haber aportado una pericial. El abogado, con la defensa del Consejo de la Abogacía Catalana, presentó recurso en contra, y la Audiencia de Barcelona le da la razón por que hacerlo sin su voluntad "sería delito", y además aprueba que la ampliación de la pericial se haga con las condiciones que fije Van den Eynde, como ahora que en lugar de la policía, la pericial la complete un equipo de una universidad, por ejemplo.
En la resolución, conocida este miércoles y a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, la sección 7.ª de la Audiencia de Barcelona también da la razón al abogado de ERC y ordena que se remita a la empresa NSO Group, propietaria de Pegasus, que es investigada y que aporte información sobre la venta de este software al CNI o a agencias estatales española. También aprueba que se le pregunte por su uso, todo y que limitado al 14 de mayo de 2020, que es la fecha que consta que fue espiado Van den Eynde. Así, precisa el tribunal, se evita "la investigación prospectiva" argumento usado por el fiscal para negarse a aprobar las medidas.
Espiado en pandemia
En el recurso, Andreu van den Eynde insiste en que el espionaje fue en el Estado español, ya que en esa fecha el Gobierno había dictado el confinamiento por la pandemia de la Covid-19. I, aquel día, hacía una conexión telemática con otros abogados sobre la petición de medidas para sacar a sus clientes de la prisión, condenados por sedición por el Tribunal Supremo, el 14 de octubre de 2019. El interrogatorio de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, como testigo, es la única medida descartada, por ahora, por el tribunal.
Medidas repetidas
Los requerimientos a la empresa NSO ahora acordados por la sección 7.ª de la Audiencia de Barcelona, fueron aprobadas el marzo pasado por la sección 3.ª de la Audiencia de Barcelona en el caso de la investigación del espionaje por Pegasus a la eurodiputada de ERC Diana Riba y al portavoz del grupo parlamentario republicano, Josep Maria Jové, que dirige la magistrada titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona. Es uno de los inconvenientes de haber separado las investigaciones de Pegasus en distintos juzgados, como acordaron los mismos jueces: las investigaciones se duplican y se retrasan.
Riba y Jové declararon en el juzgado dl espionaje sufrido el viernes pasado. En este caso, el fiscal especializado de delitos informáticos, Roberto Valverde, también ha pedido que aporten su móvil para que agentes policiales hagan un tercer informe pericial, ya que los afectados han aportado dos. Y seguramente, tendrá que ser la Audiencia de Barcelona quien resuelva su negativa a aportarlos. El fiscal insiste en saber la extracción de datos de los móviles, trazas o elementos que determinen la autoría. Para ERC, la policía judicial no tiene bastantes garantías de imparcialidad y habría que hacer la acción con control.
La CUP y Òmnium, sin móviles
En este sentido, Benet Salellas, abogado de los afectados de la CUP y de Òmnium por el espionaje de Pegasus, ha informat que también se han negado a entregar sus móviles, tal como se ha requerido en los dos juzgados que lo investigan, y que son diferentes de los dos de ERC. Los querellantes han aportado en los dos juzgados una pericial sobre el contenido de sus teléfonos, y se han ofrecido a entregar una copia, ante notario, del contenido del teléfono, y que se protejan ciertos contenidos para evitar que vuelvan a ser víctimas de un nuevo delito de descubrimiento y revelación de secretos.