Son dos procesos independientes. Es la esencia de la defensa del exconseller de Interior, Miquel Buch, para desmontar la acusación de la Fiscalía que le pide 6 años de prisión y 27 de inhabilitación a cargo público por supuestamente haber contratado al exescolta del president Carles Puigdemont Lluís Escolà, como asesor de sistemas de seguridad en el Departamento Interior, pero que en realidad protegía al expresidente en el exilio. La Audiencia de Barcelona empezará el juicio a Buch y Escolà este miércoles, con la declaración de testigos. Los encausados declararán al final, el 13 de julio. La defensa del exconseller de Interior, ejercida por la penalista Judit Gené, sostiene que Escolà fue contratado a finales julio de 2018 como cargo de confianza de Buch, y que nada tiene que ver con el procedimiento iniciado en agosto de 2018 para proteger al expresident Puigdemont en el exterior, cuando se le reconocieron las prerrogativas legales del cargo, pero que el Gobierno denegó su protección, aduciendo que era "un huido de la justicia" por el 1-O.
Escolà, defendido por los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, también discrepan radicalmente de la acusación. Escolà, fue jefe de operativo de los escoltas de Puigdemont hasta octubre de 2017; fue contratado por Interior del 25 julio de 2018 a marzo del 2019, y obtuvo la baja laboral para ejercer de agente de los Mossos el 15 de julio de 2019 por grave enfermedad en la columna vertebral.
La primera declaración de Puigdemont
El tribunal de la sección 2.ª de la Audiencia de Barcelona que juzgará a Miquel Buch y Lluís Escolà es formado por los magistrados José Carlos Iglesias, presidente, Isabel Massigoge, que es la ponente, y Francisco Javier Molina. Para la primera sesión, este miércoles, se han previsto cinco testificales de los Mossos de Esquadra: un intendente, un subinspector y tres sargentos. La vista del jueves hay siete testigos, entre los cuales Andreu Joan Martínez, entonces director general de la Policía; Bruali Duart, secretario general del Departament de Interior en el momento de los hechos, y Pilar Sorribas, directora general de Función Pública.
En la sesión del viernes- es previsto que declare el president Puigdemont por videoconferencia desde Waterloo, a petición de la defensa de Escolà; del empresario gerundense y amigo del president, Josep Maria Matamala, que lo ha acompañado bastante tiempo en el exilio, y Carles Bosch, que sustituyó Escolà en el cargo de confianza, cuando el primero y Buch acordaron su cese. Es la primera vez que un tribunal permite la declaración del president Puigdemont sobre el 1-O y su exilio. El Tribunal Supremo se lo denegó en el juicio a los líderes independentistas al considerarlo huido de la justicia, a pesar de que al final se le permitió comparecer en la instrucción contra su gobierno, que realiza Pablo Llarena, que recientemente lo ha procesado por malversación de fondos y desobediencia, en derogarse la sedición. El Tribunal de Cuentas (TCu) también permitió, el diciembre pasado, que Puigdemont declare como codemandado, en el juicio programado para el próximo 17 de noviembre.
Los viajes a Bruselas
La tesis acusatoria del teniente fiscal Pedro Ariche es que el conseller Buch, concertado con Puigdemont, encubrió la contratación de Escolà para que hiciera de escolta del president Puigdemont, y sostiene que de los 224 días que estuvo de asesor, unos 103 fue fuera del Estado español, muchas veces -indica- al lado de Carles Puigdemont (incluso hacía tuits, según el ministerio público) en Bruselas. Por eso, la Fiscalía pide que Buch sea condenado a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación como autor de un delito de malversación de fondos, y a 12 años más de inhabilitación por el delito de prevaricación, penas que rebaja a Escolà al considerarlo "cooperador" de Buch: 4 años y 6 meses de prisión y 13 de inhabilitación por malversación de fondos, más 10 años de inhabilitación por el delito de prevaricación. Las defensas de Buch y Escolà niegan que hayan cometido ningún delito y piden su absolución.
Un cuerpo de los Mossos "tensionado"
En el escrito de defensa de Buch, su abogada explica que fue nombrado conseller de Interior en mayo de 2018 y que después del 1-O "el Cuerpo de Mossos se encontraba muy tensionado y las relaciones con el ámbito político eran complicadas" y por eso quería entre su equipo de asesores un integrante de la policía catalana, y por eso escogió Escolà.
Judit Gené también expone que los asesores, previstos en cada departament, no tienen que pasar ninguna prueba ni oposición, como los funcionarios, y añade: "la jurisprudencia que ha tratado esta materia establece que las condiciones subjetivas determinantes de la confianza en que concurren en una persona para un lugar|sitio de personal eventual, no son susceptibles de fiscalización en vía jurisdiccional."
La abogada de Buch añade que Escolà "tenía experiencia y capacidad contrastada en varios sectores de la seguridad" para desarrollar las funciones del cargo: estuvo en el equipo de escoltas de Presidencia y también hizo funciones directivas en el sector de la seguridad privada como en el FC Barcelona.
Viajes sin gasto para Interior
La defensa de Buch detalla que Escolà tenía un horario flexible, que no hacía falta que fuera cada día al Departament de Interior, ya que se comunicaba telemáticamente con el conseller Buch, y cuando él lo necesitaba. De los viajes al extranjero de Escolà, la defiensa de Buch indica que el departament no los autorizó, y que lo desconocía. Incluso, aclara, de forma rotunda: "Los viajes que hizo Escolà no generaron ningún gasto a la Generalitat, ni de desplazamiento, ni de dietas, ni de manutención." Es por eso, que la Fiscalía solo reclama que retornen los sueldos cobrados por Escolà: unos 53.000 euros.
Incidente en Copenhague
La defensa de Buch no niega que Escolà "por su cuenta" se encontrara en varias ocasiones con el president Puigdemont por Europa. Al mismo tiempo, precisa que no podía hacerle de escolta porque "no podía llevar ningún arma, ni disfrutaba de cobertura legal para intervenir si Puigdemont era agredido"; y detalla que "tampoco disfrutaba de la forma física adecuada a causa de los problemas de columna vertebral", que tenía, motivo por el cual estuvo tiempo de baja, hasta obtener la incapacitación permanente el verano del 2019.
La abogada de Buch incluso pone el ejemplo que Puigdemont vivió un incidente en Copenhage el 22 de enero de 2018, cuando fue abordado e increpado por una persona contraria a sus ideales políticos, y Escolà no intervino.