La polémica por el ático de lujo comprado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso da un nuevo salto y llega a los tribunales. El PSOE de Madrid presentará este viernes una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos contra el consejo de administración de Planifica Madrid, la empresa pública que adquirió el inmueble, para que investigue posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y otras eventuales irregularidades. Lo ha anunciado el secretario general de los socialistas madrileños y ministro de Función Pública, Óscar López, que considera "imposible" justificar administrativamente el expediente de compra. "Es incomprensible que Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños con los áticos, con sus vacaciones o con sus viajes", ha cargado López, que también ha reclamado la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La denuncia de los socialistas se suma así a la que hizo un particular ante la Fiscalía por el mismo asunto, pidiendo investigar prevaricación, malversación y falsedad documental y revisar tanto el expediente de compra como el de venta y las actas del consejo de administración de Planifica Madrid.
‼️🌹Óscar López anuncia que el 🌹PSOE presentará una denuncia contra Planifica Madrid para que se investiguen todos los posibles delitos en relación con la compra del polémico ático de💧Ayuso
— Electodatos (@electodatos) August 7, 2026
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La operación que ha desencadenado la tormenta política es la compra, a través de Planifica Madrid, de un ático de 495 metros cuadrados en el número 35 del paseo del General Martínez Campos, en el barrio madrileño de Chamberí. El inmueble costó 6,3 millones de euros y fue adquirido hace aproximadamente tres meses. Los socialistas quieren que se examine toda la documentación relacionada con la operación, incluyendo la certificación de la finca, la escritura de adquisición y el contrato de arras. López ha criticado que parte de esta documentación no sea accesible a través del portal de Transparencia a pesar de que Planifica Madrid es una empresa pública dependiente de la Comunidad.
Las sospechas de los delitos
La sospecha política de que puede haberse cometido un posible delito de malversación es que se destinaron 6,3 millones de dinero de una empresa pública a comprar un inmueble cuya utilidad pública está cuestionada. La justificación inicial era que serviría de oficina temporal durante las obras de la Real Casa de Correos, pero el ático está en un edificio residencial y la normativa urbanística no permite directamente este uso en la novena planta. Tampoco encajaría, según las informaciones publicadas, como residencia oficial.
En cuanto a la posible prevaricación, los socialistas quieren que la Fiscalía investigue cómo se construyó y aprobó el expediente administrativo que justificaba la compra. "Hemos solicitado por vía judicial la certificación de la finca y la escritura de adquisición, la revisión de la documentación, una copia de las arras, etc. Y pediremos que la justicia actúe; es imposible justificar un documento como este", ha asegurado López. La prevaricación exigiría, sin embargo, demostrar mucho más: que responsables públicos adoptaron conscientemente una resolución arbitraria y contraria a derecho. Esto ahora mismo es una sospecha que el PSOE pide investigar, no un hecho acreditado.
Un ático y varias explicaciones
Una de las cuestiones que alimentan la polémica son las diferentes explicaciones que se han ofrecido sobre la finalidad del inmueble. El gobierno madrileño ha sostenido que el ático debía servir como espacio de trabajo durante unas futuras obras en la sede del ejecutivo autonómico, en la Puerta del Sol. Pero el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, introdujo un nuevo elemento al señalar que Madrid no dispone de una residencia oficial para su presidenta, a diferencia de otras comunidades autónomas. Un argumento que el PSOE ha interpretado como una admisión indirecta de la posible finalidad de la compra. "El consejero sabe que le estaba comprando un ático a la presidenta. Si quiere tener una residencia oficial, que lo hagan con transparencia; no se puede hacer a escondidas y de manera ilegal para quedarse un ático de lujo a su gusto", ha afirmado López. El dirigente socialista defiende que, si Ayuso quiere disponer de una residencia oficial, el gobierno madrileño debería tramitarla y por los procedimientos correspondientes. La misma Ayuso había negado que el inmueble hubiera sido adquirido para su uso personal y había derivado las explicaciones sobre la operación hacia su consejero de Presidencia.
Ni oficina ni residencia oficial
A las contradicciones políticas se añade otro obstáculo: la normativa urbanística. Según ha publicado elDiario.es, el ático se encuentra en un edificio de uso residencial y no podría funcionar directamente como oficina sin un cambio de uso autorizado por el Ayuntamiento de Madrid. La vicealcaldesa madrileña ya había asegurado que no se había presentado ninguna petición en este sentido. Tampoco sería sencillo convertirlo en una residencia oficial. Este tipo de alojamiento institucional tendría la consideración de uso dotacional de la Administración pública, una categoría que, según la normativa municipal citada por el mismo medio, tampoco estaría permitida en esta planta del edificio.
La controversia llevó a la Comunidad de Madrid a anunciar que vendería el inmueble poco después de que trascendiera públicamente la operación. Ahora será la Fiscalía quien deberá decidir si las sospechas planteadas por el PSOE tienen recorrido penal y si abre una investigación sobre una compra que se ha convertido en un nuevo frente político para el gobierno de Ayuso.
La denuncia de un particular
La Fiscalía, sin embargo, ya había recibido una denuncia sobre la operación antes de que el PSOE abriera un segundo frente reclamando también que se investigue Planifica Madrid. El denunciante es Fernando Jabonero Orasio, exconcejal del PSOE en Pastrana (Guadalajara). Es físico, ha sido profesor de matemáticas y actualmente está jubilado. Él mismo se ha presentado públicamente como activista centrado en cuestiones de legalidad y anticorrupción. Jabonero ya había protagonizado otras iniciativas judiciales. Entre otras cosas, presentó una querella contra el juez Juan Carlos Peinado —instructor de la causa contra Begoña Gómez— que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid inadmitió. Recientemente, además, ha sido citado como investigado en un procedimiento por presuntas injurias y calumnias a raíz de manifestaciones relacionadas con Peinado.
Jabonero pidió a la Fiscalía que investigue posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Quiere que se examinen tanto el expediente de compra como el de la posterior venta del ático, así como las actas del consejo de administración de Planifica Madrid. También plantea que se cuantifique un eventual perjuicio para los fondos públicos. Cuestiona cómo puede desaparecer tan rápidamente la necesidad pública que había justificado gastar 6,3 millones. El inmueble se había adquirido supuestamente porque era necesario como oficina temporal, pero, después de que la compra trascendiera y surgieran los problemas sobre la posibilidad de utilizarlo como oficina, el gobierno madrileño anunció que lo vendería. Además, hay otro elemento que refuerza las preguntas sobre el procedimiento: El País publicó que la compra no constaba con la documentación habitual en los registros públicos, y que la fórmula utilizada a través de Planifica Madrid comportó 378.000 euros en impuestos, además de la comisión inmobiliaria del 3%.