Nuevo ataque centralista del PP sobre las minorizadas lenguas cooficiales del Estado, en este caso en Galicia y desde las instituciones que tienen que velar por su uso y protección. El Ayuntamiento de Ferrol, gobernado por el 'popular' José Manuel Rey Varela con mayoría absoluta, redactará desde este jueves "exclusivamente en lengua española" los documentos que conformen los expedientes para sus licitaciones, una decisión que ha justificado en nombre de una mayor "agilidad administrativa". En una instrucción firmada por el teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, el consistorio enmarca esta iniciativa en un plan para la "simplificación y agilidad administrativa" en sus procesos de contratación y subraya que el gallego no es lengua oficial de la Unión Europea.

"La situación en la cual se encuentra el Ayuntamiento de Ferrol en lo que a determinados aspectos de la tramitación administrativa se refiere obliga a tomar una serie de medidas para su corrección", argumenta el ejecutivo municipal de la ciudad, única de las siete grandes urbes de Galicia gobernada por el PP. El consistorio afirma en el documento que la legislación gallega insta a "promover el uso del gallego escrito en las relaciones con la ciudadanía, si bien añadiendo que este principio de actuación" tendrá que ejercitarse "sin perjuicio del derecho de no discriminación por razones de la lengua".

De esta manera, el gobierno local de Ferrol ha enmarcado su propuesta en el objetivo de conseguir "una correcta difusión de las actividades contractuales que, en referencia a la lengua utilizada, no provoquen ninguna limitación y se conjugue con la necesidad de conseguir la máxima agilidad administrativa". Asimismo, se argumenta que la ordenanza local de Normalización Lingüística "recoge que para los documentos dirigidos directamente en los organismos centrales de ámbito estatal o supraestatal el Ayuntamiento se atendrá a lo que se prevé en las disposiciones vigentes".

Reducción de trámites "innecesarios"

"Estas primeras medidas comportan acciones tanto de modificación de determinados trámites hasta ahora seguidos en esta Administración como de adaptación al nuevo régimen organizativo municipal en vigor desde finales del año pasado", apostilla al gobierno local. Finalmente, se incide en el hecho de que eso supondrá "una reducción de carácter inmediato de determinados trámites innecesarios desde el punto de vista administrativo" y que la pretensión es "garantizar la debida agilidad administrativa para avanzar en la senda de la reorganización tanto desde el punto de vista procedimental como material y humano".

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