El expresident Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y el exconseller Francesc Homs han presentado un recurso a la condena de 4,9 millones de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas para organizar el 9-N. En el escrito, defiende que de su actuación no se puede derivar ninguna responsabilidad contable porque todos los gastos estaban justificados en el presupuesto y que se formalizaron antes de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender las votaciones.

El Tribunal de Cuentas condenó el 12 de noviembre pasado Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y seis acusados más a devolver 4.946.788,16 euros por la organización del 9-N. El tribunal determinó que tuvieron una responsabilidad contable y que usaron dinero público. La condena es solidaria y, por lo tanto, el dinero tiene que ser aportado entre todos, aunque Mas está considerado el máximo responsable y tendría que asumir lo que no aporten el resto de condenados.

La defensa de Mas y Ortega sostiene en el recurso que la consulta popular, que quedó suspendida, y el proceso participativo del 9-N eran "dos procesos plenamente independientes que disfrutan de naturaleza jurídica diferente" y cree que la sentencia del Tribunal de Cuentas así lo acredita. El abogado defiende que no se puede derivar ninguna responsabilidad contable porque tiene "base presupuestaria, jurídica, organizaba, logística, administrativa y económica diversa".

Gastos comprometidos antes del 4-N

El recurso también recuerda que el TC no acordó la suspensión del proceso hasta el 4 de noviembre y que todos los gastos vinculados a la votación "se formalizaron y comprometer o facturar con anterioridad el 4 de noviembre", y se hizo "de conformidad con lo que prevé la legislación relativa a los procedimientos administrativos y de contratación, así como en materia de control e intervención".

En el escrito se recuerda que ni en los procedimientos penales en el Tribunal Supremo ni en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se apreció indicios de malversación y la acusación decayó antes del juicio. Por eso, cree que tampoco se puede ahora condenar a los mismos actores por responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas.

Además, remarca que los 7.000 ordenadores que se compraron todavía se utilizan en las aulas y que si ahora los condenados los tienen que pagar de su bolsillo supondrá un "enriquecimiento injusto" para la Generalitat.

Aparte del recurso ante de el propio Tribunal de Cuentas, la sentencia todavía se puede recurrir al Tribunal Supremo.