"Las intervenciones telefónicas son la única manera de evitar una secesión en España". Estas son las palabras que utilizó el magistrado del Tribunal Supremo que es responsable del control judicial del CNI para justificar la intervención de las comunicaciones de 18 personas del entorno independentista. Estas intervenciones se realizaron en un momento clave para el independentismo, en octubre de 2019, cuando se conoció la sentencia del juicio al procés. Según afirma El Mundo, entre estos 18 espiados había el presidente del Govern, Pere Aragonès (que entonces era vicepresidente y conseller de Economía), y también personas del entorno próximo del presidente en el exilio y eurodiputado Carles Puigdemont. Según el citado diario, estas autorizaciones judiciales para espiar teléfonos móviles se explicaron a los portavoces de los grupos parlamentarios en la comisión de secretos de la semana pasada, cuando Paz Esteban todavía era directora del CNI.
Los argumentos judiciales
Según ha podido saber El Mundo, los autos judiciales que autorizaban las escuchas contenían razonamientos como: "la necesidad de cortar un nuevo intento de atentar contra la unidad nacional" o "la intención de los investigados de desprestigiar España promoviendo actividades delictivas". Estas son las excusas que permitieron el espionaje, además de otros argumentos personalizados donde se detallan supuestos delitos cometidos por los investigados. En todos los autos se explica que la medida tomada para combatir el independentismo es "la intervención de los teléfonos móviles" de los dirigentes independentistas y su entorno directo. Ahora bien, las resoluciones no especifican en ningún momento que la infección de los móviles se haga con Pegasus.
La semana pasada la ya exdirectora del CNI Paz Esteban compareció en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, pero prohibió expresamente a los diputados presentes obtener imágenes de los autos judiciales dictados por el magistrado de la Sala Tercera Pablo Lucas. Además, Esteban negó estar implicada en la intervención de la sesentena de teléfonos de dirigentes independentistas con Pegasus tal como ha afirmado CitizenLab. Esteban sí que admitió que los servicios secretos españoles tienen Pegasus en su poder pero añadió que "no es el único servicio estatal" que lo tiene bajo su poder al mismo tiempo que defendió la legalidad de la actuación llevada a cabo bajo su mandato.
Relaciones congeladas
El espionaje con Pegasus ha comportado una series de consecuencias como la aprobación por parte del Parlament de "congelar todas las relaciones institucionales" con el ejecutivo español y que el Govern mantenga esta estrategia ante el escándalo del CatalanGate. A la espera de que el presidente español Pedro Sánchez concrete una fecha para el cara a cara con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el pleno ha dado luz verde al punto de una moción de Junts que avala parar las relaciones con Madrid. Aparte de los socios de Govern, también ha dado apoyo la CUP. En cambio, PSC-Units, Cs, CatECP y PP lo han hecho en contra.
La cámara también ha pedido la creación de un "servicio de atención a las víctimas de espionaje digital ilegal", aparte del asesoramiento jurídico y el acompañamiento que ya prometió la Generalitat. Los comuns han dado apoyo a esta petición, pero se han abstenido en la votación de otro punto que pide al Gobierno "colaborar con las instituciones europeas facilitando toda la información que disponga sobre el CatalanGate para efectuar las investigaciones que se lleven a cabo". Este punto ha salido adelante con los votos de ERC, Junts y la CUP. La moción aprobada este jueves reitera que el Govern tiene que reclamar "todas las explicaciones" a Sánchez sobre el espionaje y "exigir la constitución de una comisión de investigación en las cortes españolas para aclarar todo lo que ha sucedido y que se asuman responsabilidades políticas".