El juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido archivar las querellas por lesa humanidad interpuestas por varios particulares contra la cúpula de la policía española por la actuación de los cuerpos durante el 1-O, según ha adelantado TV3.

El juez ha alegado que "ni se aportan ni constan mínimamente acreditados datos o elementos objetivos que permitan la imputación" y también ha afirmado que su actuación fue "proporcionada" y "legítima". La querella ―continúa el juez― "no tiene el mínimo rigor" y no hay pruebas que sustenten las afirmaciones que realizaron los querellantes, que plantearon que el 1-O hubo un "ataque indiscriminado" a la población civil planeado por un mando único de la Policía y Guardia Civil.

El fiscal se opuso a la querella en un escrito en el cual subrayó que en el camino hacia la independencia se actuó "sabiendo que con eso se corría el riesgo de que se producirían altercados graves y alteraciones de orden público" con "grandes posibilitadas de riesgo e inseguridad para la población".

El juez, en la misma línea, señala que los promotores del 1-O sometieron a los ciudadanos, a quienes llamaron a participar, a un "escenario indiscutible de riesgo al oponerse a los agentes de policía que asistirían a cumplir sus funciones para mantener el orden constitucional". "Ante estos acontecimientos, el Estado tenía la obligación de utilizar todos los medios necesarios de que disponía para mantener la seguridad pública y restituir el orden constitucional que se había alterado", argumenta el juez Moreno.

El magistrado afirma que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad respondieron a "graves y violentas alteraciones de orden público" y recalca que su actuación fue "legítima" ante el intento de subvertir la orden constitucional y "proporcionada" a la vista "de las cifras de altercados producidos, al número de lesionados y a la entidad de los mismos".

Nueve de los heridos en las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el 1-O del 2017, junto con la Asociación de Afectados del 1-O, la Asociación Abogada por la Democracia de Lleida y la Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles, habían presentado en la Audiencia Nacional la querella por un delito de lesa humanidad.

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