El juzgado de Instrucción 2 de la Seu d'Urgell ha archivado la causa contra el exalcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, la tercera teniente de alcalde, Mireia Font, el expresidente del Consejo Comarcal del Alt Urgell, Jesús Fierro, así como de ocho personas más por los supuestos delitos contra la administración pública, prevaricación, malversación, fraude contractual y negociación prohibida a los funcionarios. El archivo ha llegado 5 años después de la instrucción por "falta de hechos delictivos", según han detallado los tres principales acusados, que estaban convencidos de la "motivación política" de la denuncia anónima que provocó la investigación y la entrada de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de la Seu y al Consell de l'Alt Urgell, el 29 de marzo del 2019.
"Intención política" en la denuncia
Los hechos de la investigación se originaron una semana antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, cuando una o varias personas presentaron una denuncia anónima a anticorrupción. Albert Batalla, Mireia Font y Jesús Fierro han anunciado el archivo de la causa ante el consistorio, y se han mostrado convencidos de que "detrás de todo había una clara intención política". Los tres han defendido que ha quedado probado que los delitos de los cuales se les acusaba eran inexistentes tal "como ya aseguramos al principio de todo el proceso". En este sentido, han instado a las personas que interpusieron la denuncia a "dar la cara públicamente y pedir perdón".
Tanto con la resolución judicial firme de este miércoles, como con el archivo del año 2020, las dos causas separadas del caso, se demuestra que "a pesar de cinco años de espera con cuatro prórrogas del plazo para la investigación y cuatro jueces diferentes, unas acusaciones tan graves y una investigación de 4.196 folios, la actuación como cargos públicos ha sido honesta y transparente", han relatado los denunciados. El origen de la causa es una denuncia anónima y una posterior querella en la Fiscalía que dio lugar a la entrada de la policía española tanto en el ayuntamiento como en el consejo del Alt Urgell, hace justo 5 años.
La pieza separada, que fue archivada en 2020, hacía referencia a posibles delitos en la construcción de viviendas en la Baixada del Molí, a la venta por parte del Ayuntamiento de 14 metros cuadrados de parcela sobrante en aquel lugar, y a varias tramitaciones administrativas. Hace 4 años la conclusión del juez era clara: "no constituye ningún elemento que nos lleve a afirmar la presencia de delitos". Por este motivo "se acuerda el sobreseimiento libre de la causa a favor de todos los investigados".