Carpetazo a la causa abierta contra Miguel Ángel Rodríguez por difundir datos de periodistas. La jueza ha decidido archivar la investigación al jefe de gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y ex secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de José María Aznar, según avanza este jueves eldiario.es. Se le investigaba por un presunto delito de revelación de secretos al enviar a un chat datos de dos periodistas de El País que investigaban el caso de fraude fiscal del empresario Alberto González Amador —novio de Ayuso— y que habían sido identificados por la policía ese día en las inmediaciones de la casa de la pareja.
La titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ya había decidido en su momento no abrir diligencias sobre la cuestión, pero fue obligada por la Audiencia Provincial de Madrid. La causa surge de una denuncia interpuesta por el PSOE y de la querella presentada por los dos periodistas afectados, de quienes se difundieron sus nombres, apellidos y una foto. Ahora, la magistrada Raquel Robles vuelve a tumbar el caso después de haber tomado declaración a Miguel Ángel Rodríguez y a Alberto González Amador, si bien no ha citado a los policías que identificaron a los periodistas ni a los testigos propuestos por el PSOE.
La jueza archiva el caso porque considera que las fotos y datos de los periodistas no salieron de los policías que escoltan a Ayuso y que los identificaron ese día, sino que la imagen fue enviada por un vecino. Asimismo, señala que los datos personales de los periodistas se encuentran publicados en la propia página web del periódico para el que trabajan. El mensaje que envió Miguel Ángel Rodríguez, sostiene la magistrada, "no contiene ningún dato reservado o de carácter personal de los dos periodistas afectados".
El novio de la presidenta madrileña acudió este martes a los juzgados a declarar como testigo y afirmó a la jueza que envió a Miguel Ángel Rodríguez una foto que le mandó un vecino que vio a dos periodistas cerca del edificio donde viven él y Ayuso. Su declaración duró unos 20 minutos y ratificó la explicación del conocido como MAR de que reenvíó la foto porque "un vecino enfadado" se la había remitido tras verles cerca del inmueble. González Amador identificó a ese vecino y contó que aquel día varios vecinos comentaron en un chat que había periodistas en las cercanías, y que recibió más fotos que ha aportado a la jueza.
Según la denuncia, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de los dos trabajadores de El País, su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras". Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras hacían una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.
Miguel Ángel Rodríguez, por su parte, negó en un primer momento ante la jueza que la policía le diese esos datos y lo atribuyó a "un vecino enfadado". También negó que hubiese "revelación de secretos" y dijo que se limitó a comentar en un chat que esos dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta madrileña.
El origen de la causa
Los dos periodistas en cuestión investigaban sobre el delito de evasión de impuestos de González Amador, el caso que posteriormente supuso la inédita condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo por el Tribunal Supremo por la difusión de un correo electrónico del novio de Ayuso en el que admitía haber cometido fraude fiscal y pedía llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. Los periodistas que publicaron la noticia testificaron en el juicio que no fue el fiscal general de quien obtuvieron esa información, si bien el Supremo consideró que fue Ortiz o "una persona de su entorno". García Ortiz admitió que ordenó publicar una nota informativa para desmentir un bulo de Miguel Ángel Rodríguez —admitido por él mismo ante el juez— que corría en los medios, que era la Fiscalía quien proponía un acuerdo. El Supremo concluyó que "el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito".