Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este jueves un escrito de defensa, ante el juicio por presunto fraude fiscal que tiene que afrontar. En el documento presentado, utiliza la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como argumento de que el proceso judicial no es justo y pide la nulidad de la causa. La defensa del empresario considera que el procedimiento de revelación de secretos del caso por el que fue condenado García Ortiz —un intento de conseguir un pacto con la Fiscalía para reconocer el fraude a cambio de una pena mínima— “ha pervertido los mecanismos de garantía del proceso penal” y lo ha puesto en duda un juicio justo. La jueza Carmen Rodríguez-Medel abrió el pasado septiembre juicio oral contra la pareja de Ayuso, por un presunto fraude de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como por una supuesta pertenencia a grupo criminal.
Las acusaciones a González Amador
González Amador se enfrenta a la petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado de penas de tres años y nueve meses de prisión y una multa de 448.927 euros por los delitos de fraude a Hacienda en 2020 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. La acusación que ejercen el PSOE y Más Madrid eleva la petición de pena a cinco años de prisión al incluir un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal. Se le acusa de utilizar facturas falsas para deducir gastos en su empresa de material covid, generando un ahorro fiscal ilícito. La Fiscalía Provincial de Madrid denunció en marzo de 2024 un fraude de 350.951 euros en el Impuesto de Sociedades de su empresa Maxwell Cremona SL, mediante 15 facturas falsas por 1,7 millones de euros en gastos ficticios. Se desglosa en 155.000 euros correspondientes a 2020 y 195.951 euros a 2021, ambos por deducciones indebidas durante la pandemia.
Violación de derechos fundamentales
Al inicio del escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los letrados remarcan que “este procedimiento penal fue precedido, antes de existir, por la actuación delictiva” del ex fiscal general del Estado desarrollada “con ocasión de la función jurisdiccional de la institución” y que dio lugar al caso de revelación de secretos por el que García Ortiz fue condenado a una pena de multa y a dos años de inhabilitación. Los abogados sostienen que el procedimiento penal ha estado marcado desde su origen por “una acumulación de vulneraciones de derechos fundamentales”, especialmente del derecho de defensa y de la presunción de inocencia.
Por eso, el núcleo de la estrategia jurídica de cara a la vista oral se basa en la filtración del correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador a la Fiscalía, en el que se planteaba explorar un acuerdo de conformidad penal. Según la defensa, aquel mensaje fue difundido a los medios de comunicación, lo que habría vulnerado el deber de confidencialidad que rige las negociaciones previas a un posible pacto con el Ministerio Fiscal. El escrito sostiene que esta divulgación se produjo incluso antes de que existiera formalmente un procedimiento penal, hecho que, a juicio de la defensa, “impidió garantizar un proceso justo desde su inicio”. La defensa de González Amador entiende que la filtración y las actuaciones posteriores han “pervertido” los mecanismos de garantía del proceso penal hasta convertir el caso “en la negación misma de un procedimiento justo en un Estado de derecho”.
Negación de los delitos
El empresario niega cualquier deuda tributaria en los ejercicios fiscales de los años 2020 y 2021 y afirma que las facturas cuestionadas corresponden a servicios reales prestados, y que son reales y no falsas. Ya ha consignado 300.000 euros a Hacienda, lo que rebajó la pena solicitada, y sostiene que ajustes periciales demostrarían que no superó el umbral del delito fiscal. En el documento presentado, además, la defensa se aleja de la conformidad planteada hace dos años y sostiene que “no existe deuda tributaria (ni cuota, ni intereses, ni recargos) pendiente de ingreso ante la AEAT por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de Maxwell Cremona”, la empresa de González Amador, y “Ingeniería y Procesos Sociedad para el fomento del Medioambiente, S.L”